EFE | Los
jóvenes son los últimos en entrar al mercado de trabajo pero son los
primeros en salir cuando hay crisis debido a su mayor vulnerabilidad,
independientemente de su productividad, según refleja un informe sobre
la precariedad laboral de los jóvenes en España al que ha tenido acceso
Efe.
De esta forma, el paro juvenil en España se ha agravado durante la
crisis sanitaria y económica derivada de la covid-19: en el año de la
pandemia se han perdido 200.000 puestos de trabajo, el 32 % del empleo
total, pese a que los jóvenes representan el 4,4 % del conjunto del
empleo. Así lo refleja el documento "Jóvenes. Temporalidad y precariedad
laboral", elaborado para la cátedra Prospect 2030 Comunitat Valenciana
por el profesor de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) y miembro
del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local Vicente Castelló
Roselló.
Según este experto, las condiciones laborales de los
jóvenes españoles son más precarias que en los países del entorno, pues
las entradas y salidas del mercado de trabajo se producen con contratos
de trabajo temporales de corta duración y, en ocasiones, con excesiva
sobrecualificación, lo que dificulta la acumulación de experiencia. En concreto, el 67,4 % de los jóvenes menores de 25 años con empleo en
España tiene un contrato temporal (en la zona euro es el 52 %), y un 36 %
tiene un contrato de jornada parcial.
Castelló señala que el desempleo juvenil en España es un fenómeno
estructural que ha persistido durante las últimas décadas y que se ha
agravado en la pandemia porque, "como en todas las crisis económicas,
los trabajadores jóvenes son los primeros perdedores, sobre todo los
menos cualificados". Así, este experto en políticas de empleo
destaca que los sectores afectados por la pandemia emplean a un gran
número de trabajadores jóvenes de poca formación, que ahora necesitarán
una nueva adaptación.
Castelló explica que los efectos en el
empleo son asimétricos entre colectivos: la destrucción de empleo se ha
cebado en los más vulnerables, es decir, en aquellas personas que tienen
un menor nivel de cualificaciones académicas y, por lo tanto, tienen
una empleabilidad más reducida.