EFE | El
Congreso ha aprobado por mayoría el proyecto de Ley de Cambio Climático
y Transición Energética pendiente ya solo de su último tramite en el
Senado y cuyos objetivos incluyen acabar con la venta de coches
contaminantes en 2040, recortar emisiones y alcanzar la neutralidad del
país en 2050.
La Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, con
competencia legislativa plena, ha dado este jueves luz verde, -22 votos a
favor, 5 en contra y 10 abstenciones- al dictamen con las enmiendas
incorporadas al texto, de la que será la primera norma en España para
mitigar el calentamiento global, una de las grandes apuestas de
legislatura de este Gobierno.
El diputado del grupo popular, Diego Requena, ha argumentado que es
una ley “sectaria, sin apenas consenso y cuyo trámite debería haber sido
como pacto de Estado”. Y ha añadido que ésta no es una medida que
necesita España, sino que “es la ley de la ministra Teresa Ribera”, a
quien ha reprochado que es un texto tramitado en plena pandemia sin
“ninguna consideración” hacia la crisis sanitaira y social.
En
esta misma línea se han emitido las opiniones desde la bancada de Vox,
donde han pedido que se descarten medidas que “encaren la energía o que
transforman el paisaje de la España despoblada en grandes extensiones de
placas solares y entierran tierras fértiles bajo miles de panales o
molinos de viento”, ha dicho Pedro Requejo.
Por su parte, los
socialistas han celebrado la aprobación de este normal y han manifestado
que se trata de una jornada “histórica”, en palabras de Germán Renau,
quien ha expresado que el texto colocará a España “a la cabeza de la
ambición climática”.Este pensamiento ha sido compartido por sus
socios de gobierno, Unidas Podemos, desde donde han asegurado que se
trata de “una buena ley”.
La ley cuenta con 36 artículos y algunos de sus objetivos clave son reducir un 23% las emisiones de efecto invernadero para el año 2030 y alcanzar la neutralidad climática para 2050.Además,
se prohibirán los sondeos y prospecciones de combustibles fósiles,
obligará las ciudades de más de 50.000 habitantes a que tengan una zona
de bajas emisiones en 2023 e impulsará la rehabilitación energética de
los edificios y el despliegue de las renovables.