Abordar el asunto de los denominados Estados del Bienestar es ser capaz -como en tantos otros temas- de separar el grano de la paja. Por grano me refiero a lo que realmente ocurre con ellos y en ellos y por paja, lo que en medios y redes sociales se cuenta “acerca de”, con diferentes grados de superficialidad y el abundante recurso a tópicos y lugares comunes. Reducir cuando menos parcialmente -dada la imposibilidad de hacerlo absolutamente- esa distancia es objetivo de esta serie de artículos. 

Lo primero que hay que decir es que todos los sistemas del bienestar han sufrido significativos cambios en las últimas décadas (y estamos hablando de los sistemas consolidados, bien descritos en la tipología más ampliamente considerada: la de Esping-Andersen). Las razones para ello son diversas, pero podemos considerar que tres de ellas han tenido un efecto de enorme calado: la globalización de los mercados, el aumento de la esperanza de vida y la dualización del mercado laboral. 

Junto a estas tres razones, se han dado diversos cambios sociológicos que han sido, en parte, también consecuencia de las decisiones políticas tomadas para enderezar y reorientar el rumbo de la economía. La principal, sin duda, ha sido la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral. En esa decisión político-estratégica ha tenido mucho que ver la necesidad de sostener la demanda agregada por la vía de incrementar sensiblemente el número de personas activas, con nómina y cotizando. 

Pero ese cambio, del clásico y bien pagado empleo industrial -deslocalizado a otras latitudes del planeta- al típico empleo en el sector servicios ha traído -no exclusivamente, pero si mayoritariamente- la irrupción de un doble modelo de “carrera laboral”: junto al empleado bien remunerado y con puesto de trabajo en servicios financieros, de nuevas tecnologías o de consultoría -trabajo principalmente ubicado en las grandes ciudades-, ha surgido otro tipo de empleado en niveles “inferiores” del sector servicios -desde los cuidados personales, pasando por el reparto y llegando a la hostelería- con trayectorias profesionales caracterizadas por la discontinuidad y la baja cuantía de las cotizaciones. Esta dualización se ha acelerado y abre el debate sobre si la financiación de las pensiones pueda venir exclusivamente por la vía de las cotizaciones sociales. Una visión lúcidamente crítica respecto a ello nos la ofrece Juan Francisco Martín Seco en este tan brillante como bien argumentado artículo. 

Todo ello ha ido parejo con la tendencia generalizada a la consolidación -e incluso ligero incremento- en el gasto social total (teniendo en cuenta el vinculado, precisamente, al envejecimiento poblacional, pero también al denominado modelo de inversión social, sobre el que volveremos en un próximo artículo). El Modelo Social Europeo (del que forma parte, precisamente, el enfoque de inversión social) se mantiene en niveles de gasto cercanos al 50% del PIB y este es un asunto en el que Europa marca claramente la diferencia con el resto del mundo. 

Cabe preguntarse si, quienes podrían hacerlo, tienen intención de tomarlo como modelo (y la respuesta sería probablemente negativa y ello porque su apuesta es claramente productivista, véase el caso de China). 

Lo cierto es que esa estabilización ha venido de la mano de partidas que han crecido, junto con otras a las que se les ha puesto severas “dietas de adelgazamiento”. Los datos del endurecimiento del acceso a prestaciones y de la modulación de su cuantía son numerosos, y afectan a todos los países que forman parte de los modelos clásicos. Alemania o Suecia son dos buenos ejemplos de esta evolución, habiendo partido de dos visiones divergentes respecto a cómo articular el Estado del Bienestar. Hay una razón esgrimida para ello, y no es otra que la consolidación fiscal. La apertura a la economía globalizada en Suecia en los 90’s es buen ejemplo de ello. Con una matización: ha sabido mantener sus “campeonas nacionales”. 

Cabe preguntarse, al mismo tiempo, qué es lo que hace posible un Estado del Bienestar viable y “saneado”. Acudir a la evolución de los países que forman parte de la Europa poscomunista (bloque soviético + Yugoslavia) es muy esclarecedor en este sentido. Su evolución ha estado marcada por la disparidad de logros en diversos indicadores del bienestar. De manera esquemática podemos considerar como “casos de éxito” a la República Checa y Eslovenia (a las cuales, con matices de diferente intensidad, podrían acompañar Eslovaquia, Polonia y Hungría). Junto a ellos, Rumanía y Bulgaria pueden ser valoradas como sonoros fracasos y los países bálticos un modelo cuando menos cuestionable en su propuesta de cómo desarrollar plenamente un país. Como se dice en el dominio de las ciencias sociales, tenemos el ejemplo y tenemos el “contrafáctico”. Los países modélicos lo son no por haber desarrollado un Estado del Bienestar siquiera tan potente como el Mediterráneo (aunque en ciertos parámetros, como el gasto en educación, están cerca de darnos el sorpasso) sino por requerir menos gasto social para lograr objetivos que otros modelos no logran alcanzar gastando más. Por ejemplo: un reparto más equitativo de la riqueza, junto a una población con un muy respetable nivel educativo y formativo. Y, por cierto: con un sistema de pensiones que no ha renunciado -en los dos países citados como modélicos- a la fórmula de reparto frente a la de capitalización. 

¿Qué se puede concluir, entonces? Algo ya evidenciado a lo largo de los años de la etiquetada como Golden Age posterior a la II Guerra Mundial: no hay mejor política redistributiva, ni mejor fundamento de un Estado del Bienestar realmente sólido, que una estructura ocupacional que asegure empleo bien remunerado y con vocación de permanencia y estabilidad. En la medida en que esto se logra, se rompe con la brecha que está descosiendo por dentro a muchos países (incluido el nuestro): la dualización de las carreras profesionales entre insiders y outsiders.

Lucas Ricoy