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El presunto trabajo forzoso uigur lleva ante la justicia en Francia a Inditex
EFE | Inditex
y otras tres multinacionales son objeto en Francia de la primera
denuncia presentada en Europa contra el sector textil por beneficiarse
presuntamente del trabajo forzoso de uigures y ser cómplices de esa
manera de los crímenes cometidos contra esa minoría china de religión
musulmana.
Al grupo español, a Uniqlo, Sketchers y SMCP, propietaria de marcas como
Sandro o Maje, se les acusa de subcontratar parte de su producción o
comercializar productos que utilizan algodón de la región uigur de
Xinjiang, que produce en condiciones cuestionadas cerca del 20 % de esa
materia prima a nivel mundial.
El Colectivo Ética en las Etiquetas, el Instituto Uigur de
Europa, la asociación judicial Sherpa y una víctima uigur están detrás
de esa demanda interpuesta ante la Fiscalía del Tribunal Judicial de
París, que espera conseguir que esas empresas dejen de trabajar en la
zona.
"La demanda no tiene precedentes en el sentido de considerar que
esas compañías deben asumir algún tipo de responsabilidad penal en el
hecho de importar productos textiles y zapatos de una región donde no
pueden ignorar que lo que importan se hace al precio más alto de la
comisión de crímenes contra la humanidad", dijo este lunes el abogado
William Bourdon.
El fundador de Sherpa y letrado del gabinete que interpuso la
denuncia el pasado jueves basó su procedimiento en testimonios de
víctimas uigures, en el informe del centro de estudios australiano ASPI,
investigaciones periodísticas y otros elementos factuales que a su
juicio permiten poner en el punto de mira a esas cuatro firmas.
El análisis australiano, disponible en internet, apunta que
"bajo condiciones que sugieren fuertemente el trabajo forzoso, los
uigures están trabajando en fábricas que participan en las cadenas de
suministro de al menos 82 marcas mundialmente reconocidas".
"La acusación contra nuestra compañía carece completamente de fundamento", afirmó Inditex en una declaración a Efe.
El grupo gallego, propietario de marcas como Zara o
Pull&Bear, aseguró que cumple "de forma escrupulosa con toda la
legislación y recomendaciones existentes" en "defensa de los derechos de
los trabajadores y dispone de un marco de cumplimiento en materia de
derechos humanos basado en los más altos estándares internacionales".
Los demandantes confían en que la Fiscalía abra una
investigación "en las próximas semanas" que permita identificar a las
entidades subcontratadas, establecer su implicación en la política de
represión del Gobierno chino y luego confirmar que las multinacionales
demandadas se benefician de esos procedimientos y conocen el "origen
delictivo" de lo vendido.
Se busca, en definitiva, acabar con su "implicación directa o
indirecta con la esclavitud del pueblo uigur", destacó también este
lunes el eurodiputado francés Raphaël Glucksmann, que apoya a ese
colectivo.
"Hoy una empresa como Zara, que no produce nada por sí misma,
puede huir de todo tipo de responsabilidad alegando que son sus
subcontratantes quienes violan los derechos humanos", añadió este
político socialista.
Glucksmann es uno de los eurodiputados sancionados por China en
marzo dentro del cruce de sanciones entre la UE y Pekín tras las medidas
de Bruselas por lo que el bloque europeo calificó de "graves
violaciones de derechos humanos" contra la minoría uigur.
Las distintas ONG advierten de que esta denuncia francesa es la
primera de otras que seguirán también contra más empresas en distintos
países europeos, como Holanda o Alemania, en los próximos meses.
Estados Unidos ya prohibió en septiembre del año pasado las
importaciones de determinados productos chinos originarios de Xinjiang
alegando que están fabricados con mano de obra forzosa supuestamente en
campos de internamiento y en prisiones.
Pero Europa no ha dado ese paso. "El problema europeo es su
incapacidad para actuar cuando los intereses comerciales son demasiado
grandes", lamenta Glucksmann, precisando que su campaña no es "contra
China", sino "contra la opresión y tentativa de erradicación de un
pueblo".
La demanda espera que la investigación amplíe su análisis al
sector textil en general, aunque vaya dirigida específicamente contra
cuatro multinacionales, y no teme posibles obstáculos en la cooperación
judicial por parte de las autoridades chinas, ya que dice tener pruebas
suficientes para que siga adelante.
¿Qué rol desempeña al respecto el consumidor? "Su rol es central
en la medida en que es una forma de presión que nos arma y apoya como
sociedad civil ante los políticos y empresas trasnacionales", destaca en
declaraciones a Efe Nayla Ajaltouni, coordinadora del Colectivo Ética
en las Etiquetas.
Una presión que hizo que grandes firmas internacionales de la
moda y el calzado firmaran en enero un manifiesto que las comprometía a
no usar algodón procedente de Xinjiang, lanzado por la ONG Better Cotton
Initiative (BCI) y de la que los demandantes lamentan que el apoyo de
la industria no haya sido más amplio.
Varias empresas del sector, como H&M, Nike o Adidas, han sido objeto
de llamamientos al boicot en las redes sociales de China tras su
rechazo al algodón de esa región.