EFE | El
Pleno del Congreso ha respaldado hoy con amplio consenso la ley
de protección a la infancia frente a la violencia, con la que la
prescripción de los delitos graves empezará a contar cuando la víctima
tenga 35 años, y la ha enviado al Senado con amplias mejoras que
refuerzan los derechos de los niños.
El proyecto de ley, que busca acabar con la impunidad de muchas
agresiones sexuales, que cuando se denuncian ahora ya han prescrito, ha
incluido a su paso por el Congreso más de 200 enmiendas y 70 acuerdos
transaccionados respecto al texto remitido por el Gobierno. Ha quedado avalado con 268 votos a favor, 57 en contra y 16 abstenciones.
La
ley sale del Congreso con la oposición de Vox por motivos ideológicos y
del PNV, que denuncia una invasión de competencias, mientras que PDeCAT
y EH Bildu han optado por abstenerse por la importancia de las medidas
para la seguridad de los niños, a pesar de discrepar también del reparto
competencial.El texto aprobado refuerza el derecho del niño a
ser informado, no solo escuchado, en procesos administrativos y
judiciales y a formular denuncia de manera personal y directa.
A última hora los grupos han acordado ampliar cinco años más la edad
desde la que se comienza a contar la prescripción de los delitos graves
respecto a la propuesta del Gobierno, hasta los 35 años. Actualmente,
se cuenta desde los 18 años, por lo que pocos casos de abusos llegan a
juzgarse porque las víctimas tardan en ocasiones décadas en reconocer
públicamente la agresión.
En su paso por el Congreso, se ha dotado
a la ley de perspectiva de género, eliminando planteamientos como el
SAP (Síndrome de Alienación Parental) e incorporado medidas del Pacto de
Estado contra la violencia de género.
La iniciativa legislativa remitida al Parlamento desde Derechos
Sociales amplía la definición de violencia, persigue delitos cometidos a
través de internet, crea unidades especializadas en las fuerzas y
cuerpos de seguridad, un Registro Central de Información. Habrá un
coordinador de bienestar y protección en los centros educativos, se
impulsará la formación para jueces y fiscales y se incorpora en el
Código Penal la aporofobia (odio al pobre) dentro de los delitos de
odio.
"No somos conformistas y esta ley debe seguir mejorándose"
en la Cámara Alta, ha aseverado la ministra de Derechos Sociales, Ione
Belarra, que ha cerrado el debate agradeciendo el trabajo y generosidad
del pianista James Rhodes, víctima de abusos durante su infancia, y
presente en el Parlamento, junto a varias entidades sociales. La
ministra se ha dirigido a los niños a los que ha animado a "pedir ayuda,
porque alguien va ayudaros" y ha asegurado que con la aprobación de la
ley se pondrá fin a la impunidad de los abusos a menores por parte de
religiosos.
"La Iglesia Católica ha sido cómplice demasiadas veces y esto tiene
que terminar", ha añadido Belarra, quien ha recibido reproches por esas
palabras de diputados del PP. "Se que ésta es una verdad incómoda, pero
no estamos por la comodidad, sino por hacer algo aunque a sus señorías
les moleste".
Varios grupos han avanzado su intención de seguir
proponiendo cambios en el Senado para, por ejemplo, evitar que se
reconozca como "agentes de la autoridad" a los servicios sociales,
porque podría causar indefensión a las familias frente a la
administración, en los casos de retirada de tutela en casos de
desamparo.
Unidas Podemos ha invitado a su socio de Gobierno a
apoyar dos de sus enmiendas que nos han salido adelante y que cuentan
con el consenso de grupos como EH-Bildu y ERC, para prohibir la
participación en espectáculos y escuelas taurinas a los menores y que en
los casos de desahucios de familias con niños se ofrezcan soluciones
habitacionales adecuadas y apoyo psicosocial. Hasta la Cámara Baja
se han acercado para celebrar "este paso adelante" organizaciones de
defensa de la infancia como Save the Children, que ha entregado medio
millón de firmas de la sociedad civil "que respaldan la urgencia de la
ley".