PRIMERO MAYO
Los sindicatos llegan al Primero de Mayo reforzados tras el año de pandemia
EFE | CCOO y UGT salen a la calle de nuevo este Primero de Mayo tras un año de
pandemia en el que han visto reforzado su papel como agentes sociales
pactando hasta siete acuerdos con Gobierno y patronal, y contribuyendo a
proteger hasta a 3,5 millones de trabajadores bajo el mecanismo de los
ERTE.
Los sindicatos atraviesan una nueva etapa tras los peores años
vividos durante el Gobierno de Mariano Rajoy, no solo por la ausencia de
diálogo social que dio lugar a reformas unilaterales en el ámbito
laboral y de pensiones, sino también por varios casos de corrupción que
empañaron su imagen. También por la pérdida de afiliados, hasta
600.000, derivada de la caída del empleo durante la crisis financiera y
de la que han logrado recuperarse tanto en socios como en delegados
(representantes en las empresas y centros de trabajo).
Tras marcar
máximos en 2009 y 2010, CCOO y UGT fueron reduciendo su número de
afiliados hasta 2015 cuando registraron el mínimo, según los datos de
los propios sindicatos recabados por Efe, ya que no existen datos
oficiales. Actualmente, CCOO se sitúa a la cabeza con 971.808 afiliados, seguido
de UGT con 941.485, según la información facilitada por ambas
organizaciones.
Estos afiliados les permiten contar con 94.247
delegados sindicales a CCOO y 83.335 a UGT, ostentando así una
representatividad del 35,59 % y del 31,47 %, respectivamente.
A esta mejora de las cifras se ha unido el cambio de Gobierno, en
2018 con la socialista Magdalena Valerio como titular de Trabajo y desde
2020 con Yolanda Díaz de Unidas Podemos ocupando la misma cartera en el
primer Ejecutivo de coalición. Desde que asumió el cargo, Díaz
dejó claro que el diálogo social, que ya había recuperado protagonismo
en la etapa de Valerio, iba a ser la "base de acción" para recuperar el
trabajo con derechos y elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores.
Apenas dos semanas después de tomar posesión, la ministra selló el
primer acuerdo, la subida a 950 euros del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI), y ese mismo mes de enero el secretario de Estado
de Empleo, Joaquín Pérez Rey, sentaba de nuevo a los agentes sociales
para "comenzar a afrontar la derogación ordenada de la reforma laboral". Pero
la agenda se vio completamente alterada por el estallido de la
pandemia, en la que los agentes sociales cobraron especial protagonismo
de la mano de una herramienta hasta ese momento poco conocida, los
expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), en los que llegaron
a estar 3,5 millones de trabajadores en el peor momento de la crisis
sanitaria.
Esta estructura de protección ha sido extendida por
acuerdo en tres ocasiones más y a estos pactos se han sumado otros, como
el que sentó las bases para el teletrabajo, en septiembre de 2020, o el
sellado sobre las condiciones laborales de los denominados "riders". En
paralelo, los sindicatos y la patronal siguen negociando con el
Gobierno sobre reforma laboral, pensiones, políticas activas de empleo o
fondos europeos en media docena de mesas abiertas que les dan
relevancia mediática cada semana y les ofrecen la posibilidad de mostrar
un papel activo.
Los sindicatos de clase quieren hacer de este Primero de Mayo "un
punto de inflexión", una "evaluación de lo realizado en un año
absolutamente inédito en el que ha habido que acometer políticas
sindicales sin precedente histórico", tal y como señalaba esta semana el
líder de CCOO, Unai Sordo. Un Primero de Mayo, añadía su homólogo
en UGT, Pepe Álvarez, en el que quieren destacar hasta qué punto han
tenido "un papel importantísimo para intentar que el impacto económico y
social de la pandemia de la covid haya sido menor".
A este
empoderamiento de los sindicatos se sumaba también la vicepresidenta
tercera, Yolanda Díaz, quien valoraba el viernes el papel jugado por los
agentes sociales, tanto sindicatos como patronal, porque "cuando había
ruido y desgracias han estado a la altura" por lo que ha considerado que
"son un ejemplo a seguir".
Con más de 10.000 delegados cada uno, USO y CSIF son el tercer y
cuarto sindicatos más importantes a nivel nacional, aunque su
representatividad, del 4,06 % y 3,82 %, respectivamente, les impiden
tomar parte de las mesas de negociación estatales como agentes sociales. Por
ello, en numerosas ocasiones han reclamado un cambio en la Ley de
Libertad Sindical para rebajar del 10 % al 5 % la representatividad
exigida y acabar con el "bisindicalismo", promoviendo la posibilidad de
haya más voces en el panorama sindical.
Con este objetivo,
pequeñas organizaciones sindicales, entre ellas USO, formaron una
plataforma sindical plural, con la que alcanzan 20.000 delegados, para
tratar de sumar fuerzas para acabar con lo que consideran una
marginación legal.