EFE | La exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, Anboto, se ha sentado por
séptima vez en el banquillo de la Audiencia Nacional desde que Francia
la entregara en 2019 por doce procedimientos y ha vuelto a apelar al
"diálogo" para no "dejar la puerta abierta a que se repita una situación
similar". Esta vez ha sido juzgada por la colocación en 1987 de una bomba trampa
en la puerta de un bar de la localidad guipuzcoana de Escoriaza para
"causar la muerte de los guardias civiles que acudiesen a desactivar el
artefacto", si bien finalmente no hubo víctimas.
La acusada, aunque no ha querido prestar declaración, ha utilizado su
derecho a la última palabra para negar ante el tribunal su
participación en los hechos y pedir su absolución. También ha
vuelto a hacer, como en otras ocasiones, un discurso de carácter
político y ha recordado que ETA dejó la lucha armada hace más de diez
años, y ha sostenido que entregó las armas, reconoció el dolor causado y
pidió un sistema de diálogo para la resolución del conflicto.
"Si
negamos el contenido político de lo ocurrido, lo que hacemos es dejar
la puerta abierta a que se repita una situación similar", ha
manifestado.Parecido mensaje al que lanzó en uno de sus primeros
juicios cuando dijo: "No niego el dolor que hemos sufrido y que hemos
causado" y "lo que quiero es que nos sentemos y no cerremos otra vez una
puerta en falso".
La Fiscalía por su parte ha mantenido su
petición inicial de 61 años de cárcel para la etarra por dos delitos de
asesinato frustrado, otro de estragos y tenencia de explosivos y otro de
pertenencia a organización terrorista. Al exponer sus conclusiones definitivas, la fiscal ha asegurado que
la intención con este atentado era la de "causar el mayor daño posible
no solo material, sino humano".
Según el fiscal, Anboto y sus
compañeros de comando ya condenados por estos hechos -José Javier
Arizcuren Ruiz, Kantauri, Alberto Plazaola, Juan Carlos Arruti y José
Ignacio Gaztañaga-, decidieron colocar un artefacto explosivo-trampa en
la puerta del bar "Naira" en Escoriaza para que se activase al ser
manipulado por las fuerzas policiales tras ser alertadas de su
colocación.
En el juicio ha declarado uno de los agentes que intervino en la
desactivación del artefacto ha explicado que lo hicieron "a distancia y
con robots" para evitar su daño físico en caso de explosión, la cual se
produjo a los tres minutos de comenzar a trabajar con ella y
afortunadamente no dejó víctimas, pero sí "daños en el bar, viviendas y
vehículos cercanos" según ha explicado el testigo. "Habríamos muerto instantáneamente destrozados si llegamos a desactivar la bomba de forma manual", ha añadido.
Agentes
de la investigación han ratificado por su parte la pertenencia de la
acusada al Comando Araba de ETA como participante activa desde su
creación en 1984 hasta agosto de 1987. Un comando, que a pesar de
su denominación, no sólo actuaba en la provincia de Álava, sino también
en zonas limítrofes de Guipúzcoa y Vizcaya.
En la noche del 21 al
22 de mayo de 1987, los terroristas colocaron la bomba-trampa y después
avisaron al diario "Egin", por lo que se alertó a la Comisaría de la
Ertzaintza en Arrasate , y al Cuartel de la Guardia Civil en
Arechavaleta, ambos en Guipúzcoa. Al lugar se personaron las dos fuerzas policiales y mientras la
Ertzaintza desalojaba las viviendas próximas, el Equipo de Desactivación
de Explosivos de la Guardia Civil, mediante "robots", procedió a
desenganchar las dos cajas que componían el artefacto.
Tres
minutos después de la separación de las dos cajas, se activó el
detonador oculto en la caja grande e hizo estallar el artefacto. La
explosión alcanzó un radio de 10 metros, sin herir a nadie, si bien se
produjeron fueron destrozos en inmuebles colindantes y vehículos
aparcados en la calle.
Anboto fue entregada por Francia en
septiembre de 2019 para ser juzgada por 12 causas y ya ha sido condenada
en firme a 122 años de cárcel por una de ellas, el atentado en el que
perdió la vida el comandante del Ejército Luciano Cortizo, en 1995 en
León.