EFE | El Gobierno adelantará a las comunidades autónomas 730 millones de
fondos europeos, antes incluso de que la UE haga el primer ingreso, para
que puedan empezar ya a invertir en la reforma de un nuevo sistema de
cuidados y modernizar los servicios sociales.
En el primer Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, presidido por la ministra
Ione Belarra, Gobierno y comunidades han acordado ese reparto, que debe
dedicarse a implantar ese nuevo modelo, que prioriza la atención
domiciliaria de los mayores frente a la residencial y creará empleo de
calidad.
"Este ministerio ha tomado buena nota de lo que necesita la gente de
nuestro país, que es que los fondos europeos lleguen cuanto antes a la
gente, que se empiecen a llevar ya a las economías familiares, que se
traduzcan en empleos de calidad, especialmente en un sector, el de la dependencia, que está enormemente feminizado", ha asegurado Belarra.
Tras
el acuerdo alcanzado en el Consejo Territorial, se firmarán los
convenios bilaterales entre el ministerio y cada comunidad, para recoger
los proyectos concretos y su coste, así como los compromisos de cada
región, cuyo cumplimiento será objeto de evaluación cada semestre.
A la firma de los convenios, las comunidades recibirán el importe completo de los fondos del año, incluso aunque la Unión Europea aún no haya hecho el primer ingreso, por la decisión del gobierno de incluirlo en los Presupuestos Generales del Estado, explican desde Derechos Sociales. La
inversión total de estos fondos hasta 2023 será de 2.600 millones:
deben destinarse el 70 % a mejorar las infraestructuras residenciales y
adaptarlas al modelo de atención centrada en la persona, centros de día y
otros recursos como teleasistencia; un 26 % a la modernización de los
servicios sociales, y un 4 % a la accesibilidad en todos los ámbitos. Belarra
también ha informado de que "se ha puesto el broche final" a las 73
medidas trabajadas con las comunidades para reducir las listas de espera
en dependencia.
"Estas medidas fijan los pasos que vamos a dar para que
la reducción en 60.000 personas en estas listas de espera se haga
realidad este año". El Consejo Territorial además ha dado luz verde a la financiación
para que las comunidades atiendan adecuadamente a los menores que migran
solos. "Pensamos que es nuestra responsabilidad, no solo articular la
respuesta, sino también ofrecer recursos económicos a las regiones que
están haciendo un sobresfuerzo, que hoy se ha concretado en una
distribución territorial", ha destacado.
Derechos Sociales ha
promovido que entre las comunidades se hayan ofrecido unas 200 plazas
solidarias, ha destacado. "Me parece especialmente importante porque
todos nos tenemos que corresponsabilizar de una situación que ni
Canarias ni Andalucía han elegido, sino que por estar geográficamente
donde están, tienen una mayor llegada de niños".