EFE | El
Gobierno planea eliminar de manera "paulatina" la reducción por
tributación conjunta en el IRPF al considerar que "genera un
desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de renta",
que suelen ser mujeres. Esta medida, recogida en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia y adelantada por el diario "El País", se adoptará mediante
el establecimiento de un régimen transitorio.
Beneficia a dos millones de hogares y su coste asciende, según los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE), a unos 1.000 millones de euros al año."Se incluye la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta
mediante el establecimiento de un régimen transitorio, debido a que
genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor
de la renta (principalmente mujeres)", indica el documento.
Según
defiende el Plan, en un análisis de aspectos de igualdad de género, "un
sistema tributario moderno no debe servir exclusivamente para procurar
unos ingresos que financien el gasto público, sino que debe contribuir
directamente a potenciar el impacto de las políticas públicas,
sirviendo de catalizador para lograr transformaciones en ámbitos como
la igualdad de género, la atención a la discapacidad, la conservación
del medioambiente o la protección a la salud". "Hay bastante consenso en
que esta medida desincentiva la entrada de la mujer en el mercado
laboral", indica el Ministerio de Hacienda. Actualmente, la reducción por tributación conjunta del IRPF depende de la modalidad de unidad familiar de que se trate.
En
el caso de declaraciones conjuntas de unidades familiares integradas
por ambos cónyuges no separados legalmente y, si los hubiera, los hijos
menores que convivan, así como los mayores de edad incapacitados
judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada, la
base imponible se reducirá en 3.400 euros anuales.En
declaraciones conjuntas de unidades familiares monoparentales, es
decir, las formadas, en los casos de separación legal o cuando no exista
vínculo matrimonial, por el padre o la madre y todos los hijos menores o
mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad
prorrogada o rehabilitada que convivan con uno u otra, la base imponible
se reducirá en 2.150 euros anuales.
En este caso, no se aplicará esta reducción cuando
el contribuyente conviva con el padre o la madre de alguno de los hijos
que forman parte de su unidad familiar. Y la reducción que proceda de
las comentadas se aplicará, en primer lugar, a la base imponible
general, sin que pueda resultar negativa como consecuencia de tal
minoración. El remanente, si lo hubiere, minorará la base imponible del
ahorro, que tampoco podrá resultar negativa.
La
Autoridad Fiscal (Airef) elaboró el año pasado un informe sobre los
beneficios fiscales del sistema tributario español en el que
precisamente repasaba las ventajas e inconvenientes de esta reducción en
el IRPF. Y calcula que el coste para las arcas públicas de esta
iniciativa asciende a 2.293 millones, y los
beneficiarios son 4,2 millones de personas, 2,1 millones de hogares, el
18% de los contribuyentes y el 17% de las familias. El organismo
sostiene que el beneficio fiscal se reparte de manera homogénea y no
altera la desigualdad.
La Agencia Tributaria prevé recibir en la campaña de la renta de 2020 casi 3,5 millones de declaraciones conjuntas, un 7,1% menos,
una tendencia a la baja que se mantiene desde hace años ya que esta
reducción se aplica principalmente en caso de que uno de los cónyuges no
trabaje. También con el objetivo de avanzar en igualdad, el Plan señala que la futura reforma de pensiones
"revisará el procedimiento de integración de lagunas de cotización", es
decir, de los periodos en los que no se haya trabajado, "para atender a
la realidad de unas trayectorias laborales cada vez más fragmentadas".
Esta
fragmentación de las carreras laborales, que acaba afectando al cálculo
de la pensión, está muy asociada a la temporalidad, añade, lo que afecta especialmente a jóvenes y mujeres. Entre las medidas en materia laboral previstas en el Plan de Recuperación figura una simplificación de las modalidades de contratación,
una regulación adecuada de los contratos de formación, la promoción de
los contratos fijos-discontinuos para actividades estacionales o la
penalización de la excesiva utilización de contratos de muy corta
duración.También prevé un Plan 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes
y programas de formación en proyectos de interés público y social, de
primera experiencia profesional en las administraciones públicas o de
investigación.