EFE | La semana de las elecciones madrileñas deja un panorama político muy
distinto del que había antes del 4M en el cual se redobla la presión
hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no solo por el
revulsivo que ha supuesto para el PP la victoria de Isabel Díaz Ayuso,
sino por el daño causado al PSOE.
De momento, los socialistas madrileños asumen su debacle en la Asamblea
de Madrid con la dimisión de su secretario general y hombre de confianza
de Sánchez, José Manuel Franco, y con la renuncia del candidato, Ángel
Gabilondo, si bien la digestión de la derrota, que puede hacerse pesada,
corresponderá ahora a una gestora. Casi sin tiempo para analizar el alcance de lo ocurrido, el líder
socialista ha visto cómo la expresidenta andaluza Susana Díaz, a la que
derrotó en las primarias de 2017, se lanza a unas primarias adelantadas
en Andalucía frente al candidato promovido desde Ferraz, el alcalde de
Sevilla, Juan Espadas.
En el horizonte de lo mucho que puede
suceder a partir de ahora en el Partido Socialista está el 40 congreso
que celebrará en octubre en Valencia, pero esa cita queda aún muy lejos y
ahora el debate interno se ceba en el papel desempeñado por Moncloa en
una campaña, la madrileña, que ha acabado estrepitosamente para el PSOE.
Para
entonces, en otoño, se espera que el control de la pandemia haya
despejado el horizonte de la recuperación económica y social. Esa es la principal baza con la que cuenta Pedro Sánchez al frente
del Gobierno de coalición, con el plan de recuperación ya en manos de
Bruselas y unas optimistas expectativas que apuntan a la inmunización
del 70 % de la población a final del verano.
La gestión de la
pandemia entra en una nueva fase a partir de mañana con el levantamiento
del estado de alarma que durante medio año ha dado cobertura legal al
toque de queda y los cierres perimetrales autonómicos. El Gobierno ha
optado por un modelo que deja la respuesta a la crisis sanitaria en
manos de las autonomías.
Ello puede acarrear problemas extra al
Ejecutivo de Sánchez, que si bien ha previsto un mecanismo para que el
Tribunal Supremo dirima sobre la legalidad de las restricciones más
duras, también puede ver cómo los reproches recibidos desde las
comunidades del PP, con Madrid a la cabeza, a cuenta de la cogobernanza,
se multipliquen.
El
Gobierno puede no estar exento de posibles turbulencias derivadas del
obligado reajuste en Podemos por la marcha en dos tiempos de Pablo
Iglesias: primero del Gobierno de coalición y del partido y luego de
todos sus cargos tras el fracaso de la izquierda en los comicios
madrileños, a los que concurrió como candidato. La sucesora de Iglesias para encabezar la representación de Unidas
Podemos en el Gobierno es Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera y
ministra de Trabajo, militante del PCE, con un papel muy relevante para
encauzar los proyectos para la recuperación económica y un perfil más
empático y amable que el del dimitido líder morado.
La también
ministra Ione Belarra se postula para dirigir Podemos, con Irene Montero
como "número dos" para equilibrar así las distintas fuerzas de Unidas
Podemos representadas en el Gobierno, donde también está Alberto Garzón,
líder de IU, y Manuel Castells, por la cuota de los comunes. Los
morados han decidido culminar su asamblea para elegir a la sustituta de
Iglesias el mismo día en que el PSOE de Andalucía resuelve sus primarias
adelantadas: el 13 de junio. Poco más de un mes para despejar dos muy
relevantes incógnitas internas en ambos socios del Gobierno.
Eso
sí, Pedro Sánchez ya sabe que el duro golpe recibido por el PSOE en
Madrid, "sorpasso" incluido de Más Madrid, no va a tener repercusión en
el apoyo de sus socios parlamentarios, que esta semana han asegurado que
no ven en peligro la gobernabilidad tras el triunfo del PP, pensando en
el posible rearme de la derecha. Otra cosa es que las condiciones de su apoyo en el hemiciclo del
Congreso puedan cambiar o elevarse, por ejemplo por parte de los
independentistas catalanes, con ERC y JxCAT preparando el sprint final
para pactar el nuevo Govern de la Generalitat antes del 26 de mayo. En
este caso, la incógnita se resolverá en apenas dos semanas.
La
"prueba del nueve" será la posición que en su día adopten los partidos
minoritarios de izquierda y nacionalistas que sujetan al Ejecutivo de
coalición cuando el Parlamento tenga que legislar las medidas del plan
de recuperación.Ya hay leyes en trámite que pueden dar pistas,
sin ir más lejos la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, una norma
especialmente sensible para estos grupos, a la espera de que el Gobierno
remita a las Cortes la prometida Ley de Memoria Democrática, que aborda
un ámbito de gran relevancia política para la izquierda.
Y
si el Gobierno puede contar en principio con sus socios, que ni piensan
en un adelanto electoral ni vislumbran unos presupuestos que puedan
poner en peligro la legislatura, lo va a tener más difícil con la
oposición, que se ve reforzada con la aplastante victoria de Isabel Díaz
Ayuso en Madrid.
Su triunfo ha dado al PP un nuevo protagonismo, sobre todo al
comprobar que el avance que Vox exhibió en las elecciones de Cataluña se
ha contenido en Madrid; los dirigentes populares no ocultan su
entusiasmo al interpretar lo sucedido el martes como un primer escalón
para la reconquista del Palacio de la Moncloa.
A falta de una
versión pública del presidente, la vicepresidenta Carmen Calvo, una vez
admitida la derrota "sin ambages" del PSOE madrileño, ha descrito
irónicamente a Pablo Casado como "número dos" de Ayuso, comprobada la
fuerza electoral que la presidenta ha demostrado el 4M con su discurso
declaradamente nacional.
El poder real que tenga dentro del
partido se verá más adelante, pero el interlocutor con Pedro Sánchez
para los asuntos de Estado, como la renovación del CGPJ y los órganos
constitucionales, sigue siendo Casado, con quien el miércoles se verá
cara a cara en la primera sesión de control del Congreso tras el 4M.El
líder del PP quiere preguntar al presidente si se siente "respaldado"
por los españoles, y a buen seguro le sacará la ecuación de los votos
cosechados por su partido en Madrid, divididos por los que han perdido
los socialistas, y tal vez multiplicados por toda España.
Pero la
resaca electoral más dura le ha tocado a Ciudadanos, que ha sufrido toda
una hecatombe al quedarse sin representación en la Asamblea de Madrid;
aunque ello no vaya a tener reflejo en su actual representación en el
Congreso sí siembra enormes dudas sobre el rumbo que adoptará en los
próximos meses. Mientras prosigue el goteo de cargos que huyen de la formación naranja
para pasarse a las filas del PP, Pedro Sánchez tendrá que averiguar si
el partido de Inés Arrimadas, que le facilitó la aprobación precisamente
de los seis meses de estado de alarma que vencen mañana, continúa en el
mismo tablero o sale de la partida.