VALENCIA | El exsubdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana Rafael Rubio
(PSOE) y el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau (PP) han ingresado
en prisión incondicional junto a tres empresarios por orden de la jueza
que investiga el caso Azud, una supuesta trama de corrupción en el
ayuntamiento de la capital valenciana. Los
empresarios encarcelados son Joaquín P.R., Jaime F.R. y Mónica M.G.,
según ha informado esta madrugada en un comunicado el Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCM).
Tras la
declaración judicial a lo largo de este sábado de los 13 detenidos esta
semana por la Guardia Civil en el caso Azud, la jueza encargada de la
investigación decidió a última hora la prisión provisional, comunicada y
sin fianza de cinco de ellos "al apreciar riesgo de destrucción de
pruebas", según las mismas fuentes.
Los otros ocho detenidos que
comparecieron ante la jueza de Instrucción número 13 de Valencia
quedaron en libertad provisional con medidas cautelares como la retirada
de pasaportes, prohibición de salida de territorio nacional y
comparecencias semanales en sede judicial, según el Tribunal Superior de
Justicia valenciano. Uno de ellos es José Luis Vera, jefe de los
servicios jurídicos de Divalterra, una empresa pública de la Diputación
de Valencia. Los trece acusados fueron detenidos en la segunda
fase de esta operación, desarrollada entre el jueves y el viernes, y en
la que se han llevado a cabo 46 registros en empresas, despachos
profesionales y domiciliarios particulares de las provincias de
Valencia, Alicante, Ciudad Real y Madrid.
El caso Azud investiga el supuesto cobro de comisiones irregulares en el Ayuntamiento de Valencia. La
titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia -que cuenta
con un juez de refuerzo- sigue tramitando una instrucción que nació en
2017 pero que no saltó a la luz pública hasta 2019, con la detención del
abogado y cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, José María
Corbín.
En esta causa, que se encuentra bajo secreto de sumario,
se investiga el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con
operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el
Ayuntamiento de Valencia, otros consistorios de la Comunidad Valenciana y
diversas entidades públicas locales y estatales. El grueso de las pesquisas se centra en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011.
Las
diligencias judiciales suman ya cerca de medio centenar de investigados
por delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de
capitales, tráfico de influencias y asociación ilícita, "sin perjuicio
de ulterior de calificación", según el Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana. Uno de los detenidos esta semana que ha
ingresado en prisión, Rafael Rubio, era subdelegado del Gobierno en la
Comunidad Valenciana hasta su arresto el pasado jueves, momento en el
que fue cesado por la delegada del Gobierno, Gloria Calero.
Rubio,
que anteriormente fue concejal del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de
Valencia, fue nombrado subdelegado del Gobierno en Valencia el 1 de
julio de 2020, por lo que ha estado en el cargo poco más de diez meses.
El consejo de administración de la empresa pública Divalterra,
dependiente de la Diputación de Valencia, se reunirá el próximo lunes
por la tarde para analizar la situación de su responsable jurídico, José
Luis Vera, que fue detenido este jueves y ahora se encuentra en
libertad con medidas cautelares. EFE