INFANCIA
España aprueba una ley pionera que estrecha el cerco al abuso infantil
La ley ha concitado un amplio consenso, con 297 votos a favor y solo 52 en contra, correspondientes a Vox.
EFE | El
Congreso ha aprobado definitivamente hoy la ley de protección a
la infancia, que estrecha el cerco a la violencia contra los menores,
una norma pionera que ha suscitado un amplio consenso y da respuesta a
las demandas históricas de las organizaciones de infancia. La ley ha concitado un amplio consenso, con 297 votos a favor y solo 52 en contra, correspondientes a Vox.
Con su entrada en vigor, habrá más tiempo para denunciar los abusos a
menores, ya que empezará a contar la prescripción de los delitos cuando
la víctima tenga 35 años, y no 18 como ahora, y cualquier persona que
conozca un caso o sospecha de violencia contra los niños deberá
comunicarlo. La ley, con una financiación de 70 millones de euros, amplía la
definición de violencia, persigue delitos cometidos a través de
internet, crea unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de
seguridad, juzgados y fiscales especializados, un Registro Central de
Información y un coordinador de bienestar y protección en los centros
educativos.
Con la norma, cuando el caso llegue a los tribunales, los niños
menores de 14 años solo tendrán que declarar una vez durante la
investigación y quedará suspendido el régimen de visitas cuando se dicte
una orden de protección por violencia de género o haya indicios de que
los hijos han presenciado o sufrido maltrato. Durante la tramitación parlamentaria en el Congreso y el
Senado, se han incluido mejoras al texto remitido por el Gobierno el
pasado mes de junio por trámite de urgencia, muchas de ellas trasladadas
por las entidades de infancia.
En la Cámara Alta, se ha incorporado la prohibición de realizar
desnudos integrales o exploraciones genitales en las pruebas para
determinar la edad de los menores no acompañados, y sumó el respaldo de
los partidos nacionalistas al garantizar el respeto a las competencias
de las comunidades autónomas. También, agrega la limitación de las medidas de contención física, como las sujeciones a la cama en centros de menores.
En la Cámara Baja, se ha mejorado el reconocimiento del derecho de
los niños a ser escuchados a lo largo de todo el proceso y eliminado
planteamientos sin base científica como el llamado síndrome de
alienación parental, que presupone que la madre ha manipulado al hijo
contra el padre.
Las organizaciones sociales han coincidido en que es una "ley
pionera", supone un avance histórico, situando a España como referente a
nivel internacional e incorporando los requerimientos del Comité de
Derechos del Niño desde 2010.
Pero también han advertido de que ahora queda aplicarla: se fijan
plazos y se expresan compromisos que deben ser cumplidos, destacan a Efe
desde Save the Children, la Plataforma de Infancia y Unicef.
Por ejemplo, recuerdan el mandato de crear juzgados especializados en
infancia, la aprobación de una estrategia y la creación del Consejo
Estatal de Participación Infantil, que va a dar voz a los niños para la
elaboración de las políticas públicas. Las ONG han celebrado este jueves la aprobación en la escalinata de
los leones, en una de las puertas del Congreso, junto a la ministra de
Derechos Sociales, Ione Belarra, y el Alto Comisionado del Gobierno
contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco.
"No va a ocupar portadas la aprobación de esta ley, pero es un paso
esencial que demuestra que la política puede, debe y va a mejorar la
vida de un país", ha destacado la ministra Belarra durante el debate
parlamentario, quien ha insistido en que "un maltratador jamás será un
buen padre".
"Podemos decir que estamos haciendo política con mayúsculas, la que
cambia la vida de la gente y le da sentido a la palabra democracia", ha
concluido.