GALICIA | LEY DE INCLUSIÓN SOCIAL

La Xunta comenzará el próximo trimestre la tramitación de la reforma de la Ley de inclusión social

SANTIAGO DE COMPOSTELA |  La conselleira de Política Social, Fabiola García, señaló hoy, durante su comparecencia en el Parlamento para responder a una pregunta oral, que la Xunta de Galicia comenzará el próximo trimestre la tramitación de la reforma de la Ley de Inclusión Social, en la que lleva meses trabajando y para la que cuenta con las aportaciones de las entidades de lucha contra la pobreza.

Fabiola García destacó que para sacar adelante esta modificación legislativa “es imprescindible que la normativa del Ingreso Mínimo Vital a la que nos vamos a adaptar sea por fin estable”. En este sentido, la conselleira recalcó que el Real Decreto-ley que regula el IMV ya fue cambiado media docena de veces en menos de un año de vida. 

Asimismo, recordó que la Xunta de Galicia advirtió en varias ocasiones al Gobierno central que el diseño y las maneras con las que se manejó la aprobación de esta nueva prestación no eran apropiadas. Así, explicó que se avisó de que la Seguridad Social no tenía la capacidad para gestionarla y que habría grandes demoras. También se alertó de que habría desajustes entre el IMV y las rentas autonómicas y que habría solapamientos y duplicidades. Por eso, Fabiola García subrayó que se solicitó al Gobierno central que tomara las medidas necesarias para evitarlo. Lamenta que “el tiempo nos dio la razón pero, sinceramente, tener o no la razón es lo que menos nos importa, lo que nos preocupa es resolver esta situación”.  


Facilidades para devolver las duplicidades 

Con respecto a la solicitud de devolución a las personas que cobraron la Risga y el IMV a la vez, la conselleira de Política Social explicó que “legalmente no tenemos ninguna otra opción” que solicitarle que normalice su situación. Para eso el Gobierno gallego concede diferentes facilidades: establecer un puente entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para compensar los pagos sin tener que molestar a las familias; darles a los perceptores un plazo de 30 meses para devolver las cuantías y analizar una condonación de la deuda de hasta 3400 euros paras familias especialmente vulnerables y con menores a cargo.