EFE | El
bloqueo de la negociación de la reforma de la Política Agrícola Común
(PAC) inquieta al campo español y deja abiertos muchos frentes que
determinan la inversión empresarial o cooperativa a la vez que crece el
descontento entre los agricultores por las propuestas ambientales sobre
la mesa.
Las instituciones de la Unión Europea (UE) han cerrado una semana de
negociación intensa en Bruselas sin un acuerdo para cerrar la PAC que
regirá la agricultura entre 2023 y 2027 y, aunque existen reglamentos
que aseguran su continuidad (en 2021 y 2022), el sector agrario español
ha expresado su descontento por ese fracaso. En este momento, quedan muchos aspectos importantes por concretar y,
más allá del cruce de acusaciones institucionales -entre Consejo de
Ministros, Comisión Europea y Parlamento Europeo- la clave está en la
ambición ambiental pretendida para la PAC, con la indignación de muchos
agricultores y la posición a favor de ONG ambientalistas.
Los
contactos continuarán en junio, con el Consejo de Ministros de
Agricultura de la UE en Luxemburgo, los días 28 y 29, como nueva meta
para los representantes de los Estados miembros; posteriormente, en
España, el Gobierno y las autonomías determinarán la aplicación de la
PAC y de los planes nacionales.La discusión de la presente
reforma empezó hace tres años y es muy importante lograr un acuerdo en
junio para no obstaculizar la puesta en marcha de dichos planes
nacionales.
Para el agricultor o la agricultora de a pie, la
demora en la negociación de la PAC repercute, por ejemplo, en decisiones
a medio plazo como la planificación de campañas, que no coinciden con
años naturales, o en la inversión que pueda acometer una cooperativa.España
recibirá 47.724 millones de euros para la futura PAC, según el acuerdo
alcanzado en la cumbre de 2020, en la que los líderes comunitarios
aprobaron el fondo de reconstrucción de la UE tras la pandemia.
Las primas ambientales, el gran asunto pendiente
Entre
los puntos que suscitan más discrepancias destaca la introducción de
los "eco-esquemas", unas ayudas complementarias con el fin de cumplir
prácticas beneficiosas para el medioambiente.El Consejo de
Ministros (Gobiernos) proponía inicialmente que abarcaran un 20 % de las
ayudas, la Eurocámara un 30 % y en la negociación se ha llegado a
hablar de un 25 %.
Las instituciones también han discrepado sobre
el año a partir del cual debería imponerse la llamada "dimensión social"
para que las ayudas agrícolas o ganaderas vayan a explotaciones que
respetan los derechos laborales de los trabajadores.Otra
propuesta en el aire es la de los "pagos redistributivos", es decir una
orientación de los apoyos que favorecería a pequeñas y medianas
explotaciones; también queda por cerrar el "techo" de ayudas por
explotación, debate recurrente en las reformas de la PAC.
La PAC
engloba, además, el reglamento relativo a la organización de los
mercados y en su negociación salieron a relucir hace meses propuestas
tan diversas como la extensión a 2045 de los derechos de plantación de
viñedo o la exclusión de los toros de lidia de las ayudas que propuso la
Eurocámara el pasado otoño.
Pero en el fondo, organizaciones
agrarias y cooperativas coinciden en que Bruselas promueve una
transición "radical" hacia un modelo más "verde" con requisitos que ven
imposibles. Alegan que es incoherente, porque no se piden las
mismas exigencias a los productos importados y se remiten a la pandemia,
que probó la importancia de un sector agrícola rentable y de una cadena
de suministro firme.
La "mochila" de la PAC frente a la despoblación
El Consejo
Económico y Social Europeo -órgano consultivo que representa a la
sociedad civil- ha concluido, en un informe, que la PAC no es suficiente
para combatir la despoblación, si bien uno de sus pilares es el del
desarrollo rural.Portavoces de las organizaciones agrarias
admiten ese problema pero señalan que la PAC no debe cargarse con "más
mochilas", sino que debe servir para garantizar que los agricultores
puedan seguir en su actividad y obtener remuneraciones dignas.