EFE | El juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha abierto juicio oral
contra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en la causa que
investiga el origen de su patrimonio, por presuntos delitos contra la
Hacienda Pública, blanqueo y corrupción entre particulares. En el auto, conocido hoy, el juez Antonio Serrano-Arnal
descarta, sin embargo, añadir una supuesta falsedad continuada e
insolvencia punible, tal como solicitaba la Fiscalía Anticorrupción en
su escrito de acusación.
El magistrado, que también abre juicio contra una veintena de
personas, físicas y jurídicas, requiere a Rato para que en el plazo de
un día preste una fianza de 65,1 millones de euros a fin de garantizar
su posible responsabilidad civil.
El pasado 1 de marzo, el titular
del juzgado decidió procesar al exvicepresidente del Gobierno y a otras
16 personas, físicas y jurídicas, por posibles delitos de corrupción en
los negocios, blanqueo de capitales y presunta elusión fiscal.En
aquella lista faltaba el ex consejero ejecutivo de Bankia José Manuel
Fernández Norniella, "amigo" y supuesto colaborador de Rato a ojos de
los investigadores, aunque por error, ya que sí se encuentra entre los
acusados que tendrán que sentarse en el banquillo.
La apertura de juicio oral se conoce apenas dos meses después de que la
Fiscalía Anticorrupción solicitara para el exministro penas de prisión
de entre cuatro y seis años por cada uno de los once delitos contra la
Hacienda Pública que le atribuía, seis años por blanqueo, cuatro por
insolvencia punible, otros cuatro por corrupción en los negocios, y tres
por falsedad documental. No obstante, el juez deja ahora fuera del procedimiento los supuestos
delitos de insolvencia punible y falsedad continuada, al entender que
en ningún momento ni las pesquisas ni la propia causa se han centrado en
tales infracciones.
Se trata, por tanto, "de evitar acusaciones
sorpresivas que introduzcan en el procedimiento hechos no sometidos a
contradicción, causando con ello una efectiva indefensión material de
los acusados". Rato será juzgado como autor de once delitos contra la Hacienda
Pública entre los ejercicios 2005 y 2015, un delito de blanqueo de
capitales y otro de corrupción entre particulares en la concesión de las
campañas publicitarias de Bankia a las agencias Zenith y Publicis en su
etapa al frente de la entidad.
La Fiscalía asegura haber
identificado incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015
por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos
de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda, y
7,4 millones de euros defraudados a la Agencia Tributaria. A esta última cifra habría que añadir la tributación de servicios
profesionales a través de sus sociedades, con lo que las cuotas
defraudadas ascenderían a 8,5 millones de euros.
También ve
"indicios racionales" de que el exministro, siendo presidente de Bankia,
cobró indebidamente comisiones por los contratos de publicidad de la
entidad con Publicis y Zenith, relativos a la fusión y salida a bolsa,
que se habrían derivado a diversas sociedades logrando "difuminar el
origen del dinero".
Junto a Rato, figuran entre otros como
acusados por delito fiscal el abogado Domingo Plazas; el que fuera
administrador de varias sociedades vinculadas a Rato, Miguel Ángel
Montero, o el ex secretario general de Teléfonica, Ramiro Sánchez de
Lerín.
En el de blanqueo de capitales se encuentra también el que entonces
era su cuñado, Santiago Alarcó, mientras que en el de corrupción entre
particulares está Fernández Norniella, antigua "mano derecha" del
exministro; la secretaria de Rato, Teresa Arellano; Miguel Ángel
Montero; Domingo Plazas; el exdirector de Comunicación Externa de Bankia
Miguel Robledo, y una de sus empleadas, Beatriz Colomer.
Por su parte, las sociedades Publicis y Zenith figuran asimismo como responsables penales por el delito de corrupción. Asimismo, el
juez impone más de 220 millones de euros en fianzas al conjunto de
acusados, que deberán prestarlas en un día para asegurar futuras
responsabilidades; de no hacerlo, el juzgado dictará el embargo de sus
bienes.
De esa cuantía, 65,1 millones deberán ser aportados por Rato, 40,4 millones por Domingo Plazas y 27,5 por Santiago Alarcó.En
el caso de Sánchez de Lerín, se ha fijado una fianza de 10,3 millones
de euros; el auto prevé que su responsabilidad solidaria por los delitos
supuestamente cometidos entre 2013 y 2015 se determine en ejecución de
sentencia, con la declaración de la responsabilidad civil subsidiaria de
Telefónica. Dada la naturaleza de los hechos, la Audiencia
Provincial de Madrid será el órgano encargado del conocimiento y fallo
de la causa.