EFE | La Comisión Europea (CE) dio este miércoles un
ultimátum a España y a otros dieciséis Estados miembros para que
incorporen plenamente a su ordenamiento jurídico nacional la nueva
normativa de la Unión Europea (UE) sobre gestión de residuos.
En concreto, envió dictámenes motivados, el segundo paso del
procedimiento de infracción comunitario y el último antes de presentar
el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE, a España, Bélgica,
Chequia, Estonia, Grecia, Francia, Croacia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Austria, Polonia, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia y
Finlandia.
Bruselas les exige poner en consonancia su legislación nacional
con los cambios incluidos en una directiva de 2018 que modifica otra
anterior sobre los residuos.
La nueva directiva establece requisitos mínimos de
funcionamiento para los regímenes de responsabilidad ampliada del
productor y refuerza las normas sobre la prevención de residuos, señaló
la CE en un comunicado.
También establece nuevos objetivos en materia de reciclado de
residuos municipales y especifica que para 2025 deberá reciclarse al
menos el 55 % de los residuos municipales medidos en peso.
Ese objetivo se incrementará al 60 % para 2030 y al 65 % para 2035.
"El Pacto Verde Europeo subraya la importancia de que Europa
siga avanzando hacia la consecución de sus objetivos medioambientales",
resaltó el Ejecutivo comunitario. La Comisión abrió los procedimientos de infracción contra los
diecisiete países el pasado octubre con el envío de las cartas de
emplazamiento y ahora ha decidido dar un paso más y remitir los
dictámenes motivados.
Los Estados miembros tienen dos meses para adoptar las medidas
necesarias o, de lo contrario, podrían terminar ante el Tribunal de
Justicia de la UE.
Por otro lado, la Comisión también envió este miércoles
dictámenes motivados a España, Estonia, Grecia, Francia, Croacia,
Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Rumanía y
Finlandia por no incorporar plenamente al ordenamiento jurídico nacional
la nueva normativa de la UE sobre la prevención de los residuos de
envases.
El objetivo es que pongan en consonancia su legislación nacional
con las modificaciones incluidas en una directiva de 2018 relativa a
los envases y residuos de envases.
La legislación obliga a los países de la UE a adoptar medidas
para evitar la generación de residuos de envases y reducir al mínimo el
impacto medioambiental de los envases, explicó Bruselas en otro
comunicado.
La Comisión abrió el expediente a esos trece países en octubre y ahora ha decidido enviarles dictámenes motivados.
De nuevo, los Estados tienen dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias.
Si no lo hacen, los asuntos podrían ser remitidos al Tribunal de Justicia.