EFE | El Congreso de los Diputados ha convalidado hoy el decreto ley que establece la condición de asalariados para
los repartidores de plataformas digitales, los llamados "riders", con
duras criticas de VOX, que ha anunciado que recurrirá la norma ante el
Tribunal Constitucional, PP y Ciudadanos.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo,
Yolanda Díaz, ha calificado en el Congreso esta norma como
"vanguardista" y ha defendido que "dota de derechos" a las relaciones
laborales en las plataformas digitales y "da transparencia" en el uso de
los algoritmos.
"Las personas tienen derecho a saber quién toma las decisiones
que les afectan, aunque el jefe se esconda tras un algoritmo", ha
subrayado Díaz, que ha puesto en valor el acuerdo logrado en el seno del
diálogo social para sacar adelante esta norma.
La norma, que se tramitará como proyecto de ley para poder
introducir cambios, ha salido adelante con 195 votos a favor, 151 en
contra y 2 abstenciones.
Los socios de Gobierno PSOE y Podemos han sumado el apoyo de
PNV, Bildu, ERC y varios miembros de los grupos Mixto y Plural, entre
ellos el PDeCAT.
Por el contrario, VOX, PP y Ciudadanos han votado contra la
norma aunque estos dos últimos grupos sí se han mostrado partidarios de
la tramitación como proyecto de ley.
El debate ha sido especialmente bronco entre el diputado de VOX
Juan José Aizcorbe y la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz.
VOX, que ha expresado su rechazo a la norma por "la forma, las
formas y el fondo", ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal
Constitucional, ha reclamado un "estatuto especial" para las nuevas
realidades de la economía digital y ha acusado al Gobierno de dejar
fuera de la negociación a la mayoría del colectivo.
A las puertas del Congreso se han manifestado un centenar de
personas contra esta ley convocados desde la Asociación Profesional de
Repartidores Autónomos (APRA) y RepartidoresUnidos.org.
Para VOX, que ha apoyado esta protesta, la norma "pone barreras"
para que miles de personas puedan trabajar y suma "más incertidumbre"
al mercado laboral.
Díaz ha acusado a VOX de defender un "modelo laboral basado en
la explotación", y ha reprochado al grupo parlamentario tener
"problemas" con el Estado de Derecho y con el cumplimiento de las
sentencias del Tribunal Supremo que han reconocido a los repartidores
como falsos autónomos.
También el diputado del PP Diego Movellán ha considerado que con
esta ley se "truncan" las oportunidades laborales de muchas personas y
ha acusado al Gobierno de "sobrarles los autónomos".
Y desde Ciudadanos han cuestionado la "urgencia" de una norma que contempla un plazo de adaptación de tres meses.
"El fin no justifica los medios", ha reprochado la diputada María Muñoz.
La norma, que fue aprobada el pasado 11 de mayo por el Consejo
de Ministros, da un plazo de tres meses para que las empresas se adapten
a una regulación que parte de la premisa de que los trabajadores que
desempeñan tareas de reparto en las plataformas digitales son laborales. Les aplican, por tanto, todos los derechos que recoge el Estatuto de los
Trabajadores relativos a la organización, sindicación, protección
social, cotizaciones o salario.
Nueva ampliación de los ERTE
El Congreso también ha convalidado -con 294 votos a favor, uno
en contra y 52 abstenciones- el real decreto que amplía el marco de los
Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 30 de
septiembre, así como las ayudas a autónomos, y otras medidas de apoyo a
fijos discontinuos o el sector artístico.
En su defensa, Díaz ha destacado el papel jugado por estas
ayudas durante la pandemia de la covid y ha avanzado que, con esta nueva
prórroga, los ERTE "han alcanzado su mayoría de edad" y "están
preparados" para inspirar un nuevo sistema que sirva de "instrumento de
flexibilidad interna".
También en esta norma Díaz ha recibido criticas de algunos grupos de la oposición.
Desde el PP han acusado al Gobierno de ir otra vez "tarde y
mal", y desde VOX, de haber vuelto a llegar al "límite" para aprobar
esta prórroga.