LGTBI
El Gobierno da luz verde a la ley trans, que permite el cambio de sexo sin pruebas
La ley dispone que los menores de 12 y 13 años necesitarán una autorización judicial para cambiar su sexo en el Registro Civil.
EFE | El Gobierno ha dado luz verde hoy a la futura ley trans, que
permitirá a los mayores de 14 años cambiar de sexo con un trámite
administrativo, sin pruebas ni testigos, y acaba con los informes
sanitarios y la necesidad de tutelas médicas y legales.
El anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas
trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI comienza
así su tramitación, después de meses de duras negociaciones en el seno
del gobierno de coalición y entre críticas de un sector del movimiento
feminista que cree que esta ley supone el "borrado de las mujeres". Para la ministra de Igualdad Irene Montero, la aprobación de este proyecto de ley es una muestra de la "fortaleza" del Ejecutivo de coalición y
se ha felicitado porque, a pesar de las diferencias, con "negociaciones
largas y difíciles", se ha cumplido con el acuerdo de gobierno y han
conseguido hacer políticas "que mejoran la vida de la gente y amplían
las oportunidades de felicidad de millones de personas".
Montero
ha asegurado que, además del colectivo trans y LGTBI, las protagonistas
del impulso a esta ley son también las mujeres feministas. "Esta
es una ley feminista que entiende que o llegamos todas o no llega
ninguna", ha dicho y, con respecto a las críticas de cierto sector del
feminismo, ha recordado que siempre que se aprueban leyes de este
calado, como la del aborto o la del matrimonio igualitario, hay debate
social y oposición, "pero con el paso de los años nadie se reconoce en
esas posiciones". Ha subrayado que con esta legislación España "hace historia".
"Es un paso de gigante" en el avance de los derechos de las personas
trans y LGTBI y ha agradecido el trabajo realizado tanto por el
Ministerio de Justicia, como por el conjunto del Gobierno y los propios
colectivos.
Esta ley -ha
dicho- muestra la fortaleza de un Gobierno "aliado de las personas trans
y LGTBI" y que es capaz de trabajar y hacer políticas "que mejoran la
vida de la gente y garantizan su felicidad".En
el mismo sentido se ha pronunciado el ministro de Justicia, Juan Carlos
Campo, que ha afirmado que un Gobierno que se precie debe tener el
objetivo de "llevar la felicidad a la sociedad a la que sirve". "Que
hoy haya personas que pueden respirar más tranquilas es motivo
suficiente para que este Gobierno se sienta satisfecho", ha dicho Campo.
El titular de Justicia ha
agradecido la labor desempeñada por la vicepresidenta primera del
Gobierno, Carmen Calvo. "Contar con una persona sensible con estos temas
es garantía de solidez", ha dicho. Ha restado importancia a las discrepancias dentro del Gobierno
y ha asegurado que Calvo, al cuestionar en su día el cambio de sexo por
"mera voluntad o deseo", se hacía eco de la doctrina constitucional,
que exige "madurez y estabilidad" para el cambio de sexo. Ambos
ministros han destacado que la nueva legislación sitúa a España a la
vanguardia de Europa en un contexto en el que hay un "cuestionamiento
profundo" de los derechos de las personas LGTBI.
"El mensaje que como Gobierno queremos mandar a las personas trasn y LGTBI es que no están solas", ha enfatizado Irene Montero. La ley dispone que los
menores de 12 y 13 años necesitarán una autorización judicial para
cambiar su sexo en el Registro Civil, mientras que a partir de los 14
años cualquier persona podrá hacerlo con un trámite administrativo, sin
pruebas ni testigos.
De
esta manera, la voluntad de la persona será el único requisito para el
cambio, y se acaban así los informes sanitarios y la necesidad de
tutelas médicas y legales. Este
fue uno de los principales puntos de fricción entre los socios de
gobierno, que finalmente han acordado permitir el cambio de sexo y
nombre en el Registro Civil sin necesidad de testigos, pruebas ni
informes médicos.
La portavoz
del gobierno, preguntada de forma directa sobre si ella apoya la
autodeterminación de género, ha señalado que "es partidaria del texto
que ha aprobado el Consejo de Ministros". La ley establece un mecanismo
para evitar el cambio continuo de sexo y, con ello, el fraude de ley, ya
que las personas que hayan cambiado la mención registral del sexo
necesitarán una autorización judicial para volver a hacerlo.
En este sentido, Campo
ha apuntado que la reversión es posible, pero sólo una vez, tras un
plazo de al menos seis meses y con una autorización judicial.La
ley prohíbe las terapias de conversión, aversión o
contracondicionamiento destinadas a modificar la orientación, identidad o
expresión sexual.
Garantiza a
lesbianas, bisexuales y personas trans el acceso a técnicas de
reproducción asistida y modifica el Código Civil para que las mujeres
lesbianas y bisexuales puedan proceder a la filiación de sus hijos sin
necesidad de estar casadas. En el caso de los bebés intersexuales, se prohíben las cirugías de
modificación genital al nacer y da a los padres un plazo de 12 meses
antes de inscribir su sexo en el Registro.