ESTADO DE ALARMA | CORONAVIRUS
La ilegalidad de la alarma: la decisión tardía que divide a jueces y expertos
EFE | La
sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado nulo el
confinamiento del primer estado de alarma no solo ha dividido a sus
magistrados, con seis votos a cinco, sino que, a falta de conocer sus
argumentos, ya ha generado discrepancias entre jueces y expertos, que
solo coinciden en una cosa: llega muy tarde.
El tribunal de garantías sacó adelante este miércoles por una ajustada
mayoría la sentencia que ha declarado inconstitucionales varios
preceptos del real decreto con el que el Ejecutivo implantó el primer
estado de alarma el 14 de marzo de 2020, como aquel que restringía la
libertad de circulación al imponer el confinamiento domiciliario. No duda el TC de las medidas adoptadas para combatir los momentos más
duros de la pandemia de COVID-19, sino del instrumento legal utilizado
al considerar que el Gobierno debió haber optado por el estado de
excepción, que permite suspender derechos fundamentales.
Una
tesis que no solo ha provocado división entre sus magistrados -cinco de
ellos, tanto progresistas como conservadores, votaron en contra-, sino
también entre jueces y expertos consultados por Efe, que, aunque cautos a
la espera de conocer los detalles de la sentencia, han expresado
opiniones divergentes que evidencian la complejidad del debate.
Si
en algo coinciden tanto las asociaciones como los catedráticos
consultados ha sido en los inasumibles tiempos del Constitucional. La
opinión es unánime: el TC debería haber dado "prioridad absoluta" a este
asunto. "¿Qué caso más importante tenía sobre la mesa?", se pregunta Gabriel
Doménech, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de
Valencia.
María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación
Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en el sector, cree que
"tenía que haber resuelto de manera inmediata", mientras que su
homólogo en la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge
Fernández Vaquero, habla de "problema serio del sistema" y más cuando
"se trata de una limitación de derechos contraria a la Constitución que
afecta a todos".
Los
expertos resaltan la complejidad de un debate en el que, según la
portavoz de la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD),
Ascensión Martín, la línea entre estado de alarma y de excepción es "muy
fina". "No es una cuestión nítida y la duda existía desde el
primer día", señalan desde la AJFV, mientras que Del Barco, de la APM,
admite que desde el principio tuvo claro que debía haberse optado por un
estado de excepción dado que no hubo limitación, sino "suspensión de
derechos".
La clave, para ella, es que el estado de excepción da más control al Congreso, que es quien debe autorizarlo. Pero,
según el catedrático Doménech, ese control previo "es muy difícil de
ejercer" en unas circunstancias de pandemia como la que hemos vivido.
Esta, explica a Efe, representa uno de los supuestos "explícitamente
contemplados" en la ley para adoptar el estado de alarma, mientras que
el de excepción está pensado para "problemas de orden público muy
puntuales".
Muy crítico con la decisión, Doménech opina sin
ambages que ha sido "equivocada" porque tiene unas consecuencias
"terribles": genera "incertidumbre" en el futuro porque habrá que
valorar la gravedad de las restricciones para optar por una u otra
fórmula y "ante la duda, el Gobierno" optará por el estado de excepción,
mucho más severo.
En el lado opuesto se sitúa José Manuel Vera,
catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos,
que defiende el estado de excepción frente al estado de alarma, que
supone "poner en manos del presidente del Gobierno un poder omnímodo". Critica al Ejecutivo por tomar medidas "sin tener en cuenta la
Constitución", y celebra que esta sentencia impida que "ningún otro
gobierno" vuelva a "declarar un estado de alarma fake".
¿Qué pasa ahora con las multas?
Uno
de los aspectos clave de la sentencia es qué pasará con las multas
impuestas por quebrar el confinamiento obligado. Unas sanciones que,
según informan a Efe fuentes jurídicas, podrían ser anuladas tras el
correspondiente procedimiento de reclamación. Los expertos
consultados subrayan la necesidad de conocer primero la sentencia,
aunque algunos avanzan la posibilidad de que se puedan devolver o anular
o, en el caso de que haya sentencia firme, los ciudadanos puedan
ejercitar su derecho de revisión.
También
coinciden en que la división del TC al dictar sentencia "entra dentro
de la normalidad democrática" y, además, "no es infrecuente" ni "nos
debería escandalizar". Sucedió, recuerdan desde la AJFV, con el derecho
al aborto en Estados Unidos, que se decidió por un único voto de
diferencia.
Andrés Ollero, uno de los magistrados que votó en
contra de la sentencia y que fue durante años diputado del PP, ha
mostrado su preocupación en una entrevista en Onda Cero de que la
sociedad piense que en el TC hay "dos tribus, los conservadores y los
progresistas", y ha defendido que las medidas adoptadas "no fueron
desmesuradas".
Fuentes
del Ejecutivo pronto mostraron su "sorpresa" por la resolución, aunque
expresaron su respeto a la misma, y la recién estrenada ministra de
Justicia, Pilar Llop, manifestó que el estado de alarma se ajustó a la
legalidad constitucional y defendió la actuación del Gobierno para
salvar vidas, algo que también ha defendido este jueves la titular de
Defensa, Margarita Robles, y el exministro de Sanidad Salvador Illa.
Desde
la oposición llegaron pronto los reproches de partidos como PP y Vox.
El líder del PP, Pablo Casado, ha recordado que advirtió de que era "un
estado de excepción encubierto" pese a apoyar la prórroga, como hizo Cs,
cuyo portavoz adjunto, Edmundo Bal, ha apoyado el fallo del TC porque
aboga por una vía más garantista.
A pesar de estos ánimos, hoy se ha podido ver al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
hablando con el del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; y
con el del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, antes de
la celebración del acto de homenaje a las víctimas de la covid-19.