EFE | El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, remodelado hace ahora quince días,
afrontará el nuevo curso tras el verano confiado en que los fondos de la
UE y los Presupuestos de 2022 servirán de palanca para la salida de la
crisis que ha dejado la pandemia y para abrir una nueva etapa en la
legislatura. "Quedan 30 meses de legislatura y el Gobierno inicia una etapa con un
nuevo impulso para acometer la recuperación que ha de llegar a toda la
sociedad", señaló el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, horas
después de dar a conocer un nuevo Ejecutivo con catorce mujeres y con
una media de edad de 50 años.
Y es que el recién remodelado Gobierno -donde los ministros de
Podemos no han salido tocados- ha apostado por abrir una nueva etapa a
partir de otoño, cuando llegarán los fondos europeos con los que se
pretende transformar la economía española y que junto con los
Presupuestos de 2022 tendrán como objetivo aliviar la crisis que ha
dejado el coronavirus, sobretodo en los colectivos más vulnerables. Después
de que la Comisión Europea prevea un crecimiento para España del 6,3 %
para 2022, el nuevo hombre fuerte de Sánchez, el ministro de la
Presidencia, Félix Bolaños, lo tiene claro: "Vamos a conseguir grandes
cifras económicas en los próximos años".
El Ejecutivo ha comenzado
a pensar en las cuentas públicas del año que viene -toda vez que el
próximo Consejo de Ministros aprobará previsiblemente el techo de gasto
de 2022- y Bolaños ha tomado el pulso a la práctica totalidad de
partidos políticos en el Congreso, pero sobre todo a sus socios
parlamentarios: ERC, PNV y EH Bildu.
"Es en este momento cuando podemos relanzar con toda la fuerza la
agenda de cambios del discurso de investidura y que ha estado
condicionada por la pandemia", anunciaba el presidente del Gobierno,
mientras que la número 1 de Unidas Podemos en el Ejecutivo, la
vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, le recordaba
que debe subir el salario mínimo y ejecutar la reforma fiscal. De
cara a los próximos debates en las Cortes, los retos a partir de
septiembre pasan no solo por superar los Presupuestos, sino también por
leyes importantes como la de la Memoria Democrática, la ley de Vivienda,
la de Educación o las leyes LGTBI y la del Sí es Sí.
Y todo bajo
la amenaza del PP de que derogará la mayoría de las normas que apruebe
este Gobierno de coalición si llegan a la Moncloa, tal como ha advertido
el líder del partido, Pablo Casado. Sánchez confía en que con la población vacunada al 70 % este verano,
la quinta ola sea la que ponga fin a la emergencia sanitaria, aunque
siempre con la mirada puesta en reforzar los servicios públicos y el
estado de bienestar.
Pero la cita más esperada este otoño es la de
la Mesa de Diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat de
Cataluña, que se celebrará en septiembre y donde el president catalán,
Pere Aragonés, insistirá en la amnistía y en la autodeterminación como
propuesta al conflicto independentista. Las miradas están puestas
en la nueva ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que
aunque se comprometió durante su toma de posesión a mantener una actitud
dialogante, ha avisado también a los independentistas de que "deberían
haber aprendido la lección" sobre lo ocurrido en 2017.
Se trata ahora de empezar a limar asperezas, al menos de cara a la
próxima comisión bilateral Estado-Generalitat del 2 de agosto, donde se
abordarán cuestiones relacionadas con becas y educación,
infraestructuras del ferrocarril y cercanías, así como el uso de la
lengua.
Donde no se dará tregua será en la oposición. Mientras Vox
y Ciudadanos animan al PP a que presente una moción de censura a
Sánchez, los populares han insistido en que no es ahí donde salen los
números y que continuarán con su ofensiva para pedir urnas y elecciones
anticipadas. Sobre todo tras las últimas sentencias judiciales
contrarias a decisiones del Gobierno, como la del Tribunal
Constitucional declarando ilegal el primer estado de alarma o el auto
que ha paralizado el rescate a la aerolínea Plus Ultra.
Con esta tesitura hay pocos visos de acuerdo entre el PP y el PSOE
para renovar las cúpulas de los órganos constitucionales pendientes de
cambio, como el Defensor del Pueblo o el Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), que cumplirá en agosto casi 1.000 días sin ser
renovado. Una lista a la que se ha sumado desde el viernes el Tribunal
de Cuentas.
El CGPJ será una de las tareas de la nueva ministra de
Justicia, Pilar Llop, mientras que la nueva ministra de Educación,
Pilar Alegría, promete culminar la última reforma educativa y aprobar la
futura ley de Formación Profesional, en tanto que la titular de
Transportes, Raquel Sánchez, tiene por delante toda una ley de Vivienda
pendiente de aprobarse desde febrero. Desde el Ministerio de
Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha apostado por dar prioridad a
estas inversiones como palanca para la recuperación económica y el nuevo
ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, reivindica la cultura
"frente al odio".