CATALUÑA | POLÍTICA
El Tribunal de Cuentas pide informe a la Abogacía por duda sobre los avales
EFE | El Tribunal de Cuentas duda sobre la legalidad de los avales del
Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para cubrir la fianza de 5,4
millones a los ex altos cargos de la Generalitat encausados por
promocionar el "procés" en el exterior y ha pedido un informe urgente a
la Abogacía del Estado. A su vez, el Govern ha defendido la legalidad de los avales,
"jurídicamente impecables", para la treintena de ex altos cargos de la
Generalitat encausados por el Tribunal de Cuentas, al que ha instado a
"no hacer política" en este asunto.
El decreto que aprobó el Govern para crear un fondo para hacer frente
a esta fianza contempla que, en caso de no encontrar ningún banco que
acepte participar en la operación, sea el ICF quien ofrezca este aval,
como finalmente se ha hecho. Aunque el plazo inicial para liquidar
las fianzas expiraba el miércoles de la semana pasada, el Tribunal de
Cuentas acordó conceder un plazo improrrogable de dos días después de
que 29 de los 34 encausados presentaran los avales del ICF por vía
telemática.
Este martes, en una nota de prensa, el Tribunal de Cuentas señala que
tiene dudas sobre la suficiencia y la legalidad de los avales,
"esencialmente sobre si pueden o no amparar posibles responsabilidades
contables por dolo o culpa grave, que asume la propia administración
autonómica perjudicada".
Por ello, la delegada instructora del
Tribunal de Cuentas ha solicitado a la Presidencia de la Sección de
Enjuiciamiento un informe de la Abogacía del Estado. El Tribunal de Cuentas también ha informado de que dos de los
encausados no han presentado fianza y ha avisado de que, una vez
terminado el plazo, emitirá providencia de embargo de bienes hacia estas
personas.
De los 34 ex altos cargos de la Generalitat encausados
por el Tribunal de Cuentas, 29 decidieron acogerse al fondo creado por
el Govern -dotado con 10 millones de euros-, mientras que unos pocos
rehusaron acudir al ICF y optaron por pagar las sumas requeridas o
asegurarlas presentando bienes inmuebles como aval personal.La
portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha remarcado que "no hay ningún
motivo objetivo" para rechazar los avales del ICF, por lo que ha pedido
al Tribunal de Cuentas que "deje de hacer política" y "atienda a
criterios estrictamente jurídicos".
El Govern defiende estos avales "sin dudas ni fisuras" y confía en
que el Tribunal de Cuentas los "aceptará", por lo que de momento no
quiere poner sobre la mesa "un plan B", aunque sí "continúa buscando una
entidad bancaria" que se haga cargo de la operación. En su
reunión de este martes, ha asegurado Plaja, el Govern no ha tratado la
división interna que provocó en el seno del ICF el debate sobre los
avales, que se saldó con la dimisión de tres miembros de la junta de
gobierno del organismo financiero de la Generalitat.
La semana
pasada, Ciudadanos presentó ante la Fiscalía Superior de Cataluña una
denuncia por delito de malversación contra los miembros del Govern y de
la junta de gobierno del ICF.
El presidente del grupo de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña,
Carlos Carrizosa, se ha referido desde Twitter a las dudas del Tribunal
de Cuentas sobre los avales del ICF.
"Los avales del Govern para
librar a los condenados de la malversación son ilegales. Hoy lo
investiga el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía lo hará tras la denuncia
de Cs. Por más que el separatismo intente evitarlo, en España las
instituciones funcionan y quien la hace la paga", ha afirmado.