MADRID | El Ministerio de Agricultura quiere limitar las granjas de ganado vacuno
a un máximo de 850 cabezas, un límite muy inferior a los hasta 10.000
denunciados por el ministro Alberto Garzón en unas declaraciones al
diario británico "The Guardian", desautorizadas por el propio Gobierno. Un decreto que regula esta materia está ya en información pública, desde
el pasado otoño, lo que, en teoría, hace inminente su publicación en el
BOE.
Establece un límite a la capacidad máxima que pueden tener las
granjas de bovinos y lo establece en 850 unidades de ganado mayor, es
decir, 725 vacas de ordeño o 1.400 terneros de cebo. Garzón
recomendó moderar el consumo de carne, en especial la procedente de
macrogranjas ganaderas, y puso en duda la calidad de las exportaciones
de carne procedentes de esas explotaciones, dando por hecho que existen
en España.
Sus palabras han sido desautorizadas por la
portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. La asociación empresarial
cárnica Anafric, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) y
la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) han pedido su dimisión. El ministro se ha defendido destacando que diferenció entre ganadería
extensiva y macrogranjas, y que atribuyó a la primera el ser sostenible y
a las segundas, con 4.000, 5.000 o 10.000 cabezas, las acusó de
contaminar el suelo y el agua y producir carne de peor o mala calidad
destinada a la exportación, y además después del maltrato a los
animales.
Fuentes de la asociación UPA y del sector señalan que no existen en
España granjas cárnicas de vacuno de 10.000 cabezas, sino una minoría
con un máximo de 5.000 cabezas. Además de que el mismo Gobierno del que
forma parte Garzón está fijando límites para que no proliferen, añaden.
El
decreto relativo al ganado vacuno, al que ha tenido acceso EFE, fija
condiciones de alojamiento y alimentación de las explotaciones, es
decir, evita el maltrato a los animales, también denunciado por Garzón. La autorización de una granja es competencia de cada autonomía, pero
hay unas normas nacionales que tienen que cumplir. Y a partir de un
tamaño, además, necesitan autorización ambiental integrada, que también
compete a las Comunidades Autónomas, señalan fuentes del Ministerio de
Agricultura en conversación con EFE.
El decreto afectará a las
granjas de nueva creación, pero no a las ya existentes, que tendrán que
cumplir, eso sí, las normas establecidas en materia ambiental y de
bienestar animal, según fuentes del Ministerio.Greenpeace, que
mantiene, al igual que Ecologistas en Acción, una campaña en contra de
las macrogranjas, ha hecho alegaciones a este decreto, exigiendo que
obligue a la reconversión de estas superficies que existen actualmente y
que establezca un máximo de 180 ejemplares.
Desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), mayoritaria en el
sector, señalan que en nuestro país, que exporta fundamentalmente carne
de cerdo y vaca, solo existe una minoría de granjas de pocos miles de
vacas. Y consideran que no van a existir más en el futuro, debido
a la estrategia acordada por esta organización y el Ministerio de
Agricultura.
Román Santalla, responsable
de ganadería de UPA y ganadero él mismo, explica que desde UPA
defendemos explotaciones pequeñas y medianas, y hemos trabajado mucho
para este decreto. En porcino no hay macrogranjas: un decreto reciente
limita a 750 madres y 4000 plazas de cebo el número de cabezas.
Y ahora estamos trabajando en el vacuno. Nos estamos rompiendo los
cuernos para sacar adelante este asunto, porque defendemos el modelo
familiar de explotación ganadera, nos oponemos a una granja de 20.000
vacas, explica Santalla, antes de apuntar que el 85 % del sector está
integrado por pequeñas y medianas empresas familiares.
Uno
de los primeros en acusar al Garzon de atacar al sector cárnico fue el
presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que está en
plena precamapaña electoral.
Es precisamente en un pueblo de esa
comunidad, en Noviercas (Soria), donde se ubica uno de los principales
proyectos actuales de macrogranja industrial, aunque previsto para
producción de leche.
Según UPA, con este decreto proyectos como el de Noviercas no serán
posibles. Greepeace, sin embargo, ha señalado en sus alegaciones al Real
Decreto que debe cambiarse la redacción del mismo ya que, tal y como
está, el proyecto de Noviercas seguirá.
Lo cierto es que, según técnicos consultados por EFE, una vez iniciado el procedimiento de Noviercas, éste sigue adelante. Podría
en todo caso ser impugnado ante los tribunales tomando como base la
normativa que está a punto de aprobarse, porque el proyecto de Noviercas
supera las 20.000 cabezas. EFE