MADRID | La
ratificación o no de la reforma laboral en el Congreso en las próximas
semanas se va a convertir en una piedra de toque para comprobar la
estabilidad y firmeza de la mayoría parlamentaria que sustenta al
Gobierno, en un momento clave en el que Pedro Sánchez afronta la segunda
mitad de la legislatura con leyes controvertidas como la de Memoria
Democrática o la de Vivienda.
A menos de un mes de que el Pleno del Congreso ratifique el decreto ley
de reforma laboral pactado entre el Gobierno y los agentes sociales, el
Ejecutivo negocia contra reloj los votos de ERC, PNV y EH Bildu que,
junto a BNG, se niegan a apoyar una normativa laboral que tachan de
insuficiente porque no tiene en cuenta los convenios autonómicos ni
aumenta a 45 días las indemnizaciones por despido.
La
ratificación o no de la reforma laboral en el Congreso en las próximas
semanas se va a convertir en una piedra de toque para comprobar la
estabilidad y firmeza de la mayoría parlamentaria que sustenta al
Gobierno, en un momento clave en el que Pedro Sánchez afronta la segunda
mitad de la legislatura con leyes controvertidas como la de Memoria
Democrática o la de Vivienda.
A menos de un mes de que el Pleno del Congreso ratifique el decreto ley
de reforma laboral pactado entre el Gobierno y los agentes sociales, el
Ejecutivo negocia contra reloj los votos de ERC, PNV y EH Bildu que,
junto a BNG, se niegan a apoyar una normativa laboral que tachan de
insuficiente porque no tiene en cuenta los convenios autonómicos ni
aumenta a 45 días las indemnizaciones por despido.
Fuentes de Más País han avanzado que votarán a favor de la
convalidación y Compromís no lo descarta, aunque quiere seguir
"apretando" ante una reforma que les parece escasa.De esta forma,
la suma de votos favorables que podría conseguir el PSOE y Unidas
Podemos si se llega a un acuerdo con el PNV podría superar por muy poco
la suma de votos en contra, procedentes del PP, Vox, y JxCAT -que "por
ahora" ha dicho a EFE que no lo apoya- así como probablemente los de
otros partidos como UPN o Foro Asturias.La ministra de Trabajo,
el ministro de la Presidencia y buena parte del PSOE no se cansan de
pedir a sus "aliados" que apoyen una reforma de consenso.
PNV,
ERC, Bildu y BNG mantienen sus exigencias de que el decreto se tramite
con enmiendas. Los nacionalistas vascos exigen por encima de todo la
prevalencia de los convenios autonómicos y ERC y Bildu piden además
derogar también la reforma de 2010, la que aprobó las indemnizaciones de
20 días por año trabajado cuando los despidos eran por causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción.
"Ahora mismo
estamos claramente en el no mientras no se abran a introducir cambios",
insiste Bildu en declaraciones a EFE que insta a garantizar que los
convenios territoriales y autonómicos vascos tengan prioridad, recuperar
la autorización de la autoridad laboral en la tramitación de los
expedientes de regulación de empleo y la indemnización de 45 días por
año trabajado.
Por otra parte, el nuevo choque de trenes con los
socios del Gobierno se produce cuando las relaciones en el seno del
Ejecutivo han vuelto a enfriarse durante unos días ante la polémica que
han suscitado las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón,
sobre la carne procedente de las macrogranjas. Un nuevo capítulo
de desavenencias entre PSOE y Podemos que, aunque ha terminado con un
cierre de filas en torno a Garzón, ha vuelto a poner en entredicho al
Ejecutivo de coalición a dos años del fin de la Legislatura.
Diferencias que podrían volver a revelarse en la tramitación de leyes decisivas como la de la Vivienda, la Ley Trans o la LGTBI.Y
esto al margen de la Ley de Memoria Democrática que tendrá que contar
de nuevo en el Congreso con los aliados de Sánchez y que de momento
permanece estancada, sin empezar su debate de enmiendas.
Lo cierto
es que antes de que se inicie el nuevo periodo de sesiones del Congreso
en febrero, la Cámara Baja se verá obligada a abrir sus debates
parlamentarios en enero para ratificar varios decretos leyes, como el de
ayudas a la reconstrucción de la isla de La Palma o el de medidas
urgentes en el ámbito energético, cuyos plazos de convalidación terminan
antes del 31 de enero. Probablemente será en la primera semana de
febrero, en la que ya habrá sesión plenaria, cuando se voten las
convalidaciones o derogaciones no solo del decreto de la reforma
laboral, sino también del que obliga al uso de mascarillas en el
exterior y del decreto de modificación del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias. EFE