FONDOS EUROPEOS
Objetivo 12.000 millones: ¡qué debe hacer España para recibir un nuevo tramo!
MADRID | España
afronta durante los próximos meses la tarea de cumplir las reformas e
inversiones pactadas con la Comisión Europea para desbloquear el
siguiente tramo del fondo de recuperación, que es el más elevado de
todos los previstos hasta 2026, con 12.000 millones, y en el que la
reforma laboral juega un papel clave.
Aunque no es el más exigente en cuanto a la cantidad de requisitos
incluidos (el tramo desembolsado en diciembre dependía de 52 promesas),
el pago en el que ya trabaja el Gobierno cuenta con un importante peso
político porque no saldrá adelante sin el aval de Bruselas al acuerdo
entre sindicatos y patronal. Ahí se enmarcan cuestiones como la modernización de la negociación
colectiva, la reducción del número de contratos para generalizar el
indefinido o los nuevos ERTE, pero el desembolso también depende de la
llamada 'ley rider' o la mejora de los derechos de trabajadores en
empresas subcontratadas.
Todavía debe pasar el examen del Congreso, pero los documentos de la
reforma laboral ya están siendo examinados en la capital europea y la
vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, afirmó
recientemente que el análisis preliminar de Bruselas es “positivo”.
La reforma de las pensiones y la elevación de la edad efectiva de
jubilación, la asignación de la banda del espectro de 700 Mhz, el
impuesto a los plásticos de un solo uso o la Estrategia de Movilidad,
Segura, Sostenible y Conectada también forman parte del paquete de 40
hitos y objetivos.
Evaluación de Bruselas
El desembolso de los 12.000 millones está previsto para el primer
trimestre de 2022, pero es una fecha indicativa y será el Gobierno
español quien deba valorar si ha cumplido todos los hitos y objetivos
antes de remitir a Bruselas la solicitud formal.
Entonces deberá acompañar dicha petición con todas pruebas que
demuestren que se han superado cada uno de los requisitos vinculados a
la transferencia y la Comisión Europea tendrá dos meses para evaluarlas. El acuerdo operativo firmado a finales del pasado año entre el
Gobierno y el Ejecutivo comunitario detalla todos los documentos que
deben adjuntarse para demostrar cada uno de los hitos y objetivos.
Entre ellos se encuentra, por ejemplo, la entrada en vigor del Real
Decreto sobre Oficinas de Rehabilitación y España tendrá que enviar a
Bruselas una copia de su publicación en el BOE junto con un resumen que
justifique “debidamente” que la meta ha sido lograda.
La mayoría de los compromisos adquiridos en los primeros pagos tienen
la forma de aprobación de leyes o estrategias, por lo que los
documentos que prueban su consecución son generalmente copias de las
mismas.
Pero el segundo desembolso ya incluye algunos objetivos
cuantitativos, como de cuatro convenios del Ministerio de Ciencia con
comunidades autónomas para la aplicación de planes en I+D. Cuando estos objetivos requieren cifras mucho mayores, como
garantizar el acceso a la plataforma actualizada Renta Web de casi 1,8
millones de contribuyentes, los servicios de la Comisión comprobarán el
cumplimiento de los mismos solicitando los documentos individuales de
una muestra.
El papel del resto de socios
Si la evaluación de Bruselas a una petición de pago es negativa se
suspende parcial o totalmente el pago, pero si es positiva, la pelota
pasa al tejado de los Estados miembros, que deben dar su visto bueno
reunidos en el Comité Económico y Financiero.
Este órgano tiene cuatro semanas para pronunciarse sobre el dictamen
de la Comisión: si lo avala desbloquea el pago, pero si tiene dudas
eleva la discusión a una cumbre de líderes con el llamado “freno de
emergencia” que Países Bajos exigió en 2020.
Si los Veintisiete validan el desembolso, se desencadena la adopción
formal del mismo, que puede demorarse unos días aunque también está
previsto un procedimiento de urgencia, que fue utilizado en el primer
tramo español para que el pago tuviese lugar antes de que finalizara
2021.
Control posterior
El papel de la UE en la gestión de los fondos no acaba cpn el pago de
cada tramo, sino que después está previsto un mecanismo de control y
supervisión para vigilar que los fondos son utilizados para los fines
pactados con las autoridades europeas.
Así, los Estados miembros deben redactar dos informes anuales para
informar sobre la ejecución de las ayudas al Ejecutivo comunitario,
quien a su vez debe rendir cuentas en otro documento anual sobre el
grado de consecución de los objetivos generales.
En el marco de las recientes críticas del PP a la gestión de los
fondos por parte del Gobierno, la Comisión Europea ha insistido en
diversas ocasiones en que cuenta con los procedimientos adecuados para
vigilar su uso.
“La Comisión usará todas sus herramientas de verificación a su
disposición para comprobar que el dinero ha contribuido a los resultados
esperados”, dijo la semana pasada a Efe un portavoz de la Comisión
preguntado por la polémica nacional. EFE