El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, no pudo cumplir el plazo que se había fijado para concluir el indulto masivo a rebeldes de las FARC que su gobierno se propuso excarcelar como gesto humanitario unilateral ante esa guerrilla. El límite expiró en coincidencia con la primera jornada de una visita oficial de tres días que Uribe hace a Estados Unidos, y unas gestiones jurídicas han retrasado el traslado a un club campestre del último grupo de recluidos en una cárcel de paso. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) admitió en declaraciones a Efe que el gobierno no pudo completar este jueves la evacuación al centro de descanso del tercer contingente de presos que, en principio, pueden recibir el indulto. Este último grupo lo pueden componer 58 de los 82 rebeldes que continúan en Normandía, la cárcel de Chiquinquirá y que a finales de la semana pasada recibió a 193 excarcelables. Los detenidos provinieron de medio centenar de presidios de toda Colombia y habían respondido previamente una encuesta elaborada por el Ejecutivo para los interesados en la excarcelación. En Normandía, el Ministerio del Interior y de Justicia estableció que 20 estaban condenados por delitos de lesa humanidad, lo que los excluye del indulto. Otros diez no aceptaron retirarse de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y cuatro se arrepintieron de la excarcelación. Un portavoz de la OACP explicó que la salida del último grupo de rebeldes detenidos en Chiquinquirá se hará una vez se confirme que los 58 elegibles pueden recibir el indulto, que supone el perdón de la pena que purgaban mas no el olvido del delito que cometieron, lo que diferencia este beneficio del de la amnistía. La gracia ya está confirmada para los 111 reclusos que del martes al miércoles fueron trasladados de Chiquinquirá al club campestre de Chicoral, en la localidad sureña del Espinal y donde esperarán que el gobierno les formalice el indulto, mediante resoluciones ejecutivas firmadas por Uribe y el ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín. La misma fuente confirmó que los excarcelables permanecerán al menos cuatro semanas en Chicoral, donde están al cargo de funcionarios de la Oficina de la Alta Consejería para la Reintegración (OACR). El titular de esa dependencia presidencial, Frank Pearl, ha explicado que durante esta estancia los detenidos deberán decidir "qué quieren hacer", para lo cual contarán con todo el respaldo del gobierno. Uribe anunció esta excarcelación masiva el pasado 25 de mayo por "razones de Estado" que no detalló, y a ella sumó la puesta en libertad del preso más relevante de las FARC en Colombia, Rodrigo Granda, conocido como el portavoz de las relaciones internacionales, detenido en diciembre de 2004 en Caracas en una operación colombiana encubierta, lo que desató una crisis diplomática con Venezuela. Granda permanece desde el lunes en la Conferencia Episcopal de Colombia, que aceptó acogerlo de forma temporal una vez que, por orden de Uribe, fue sacado de una cárcel de seguridad en la que purgaba una condena a cinco años y diez meses de prisión por rebelión agravada. Uribe lo puso en libertad, por petición del presidente francés, Nicolas Sarkozy, mediante un decreto que le otorga la condición de "miembro representante" para gestiones de paz, pero el insurgente ha aclarado que es el Secretariado o mando central de las FARC el que le dirá qué tarea debe cumplir. El gobernante colombiano pretende que Granda pueda ayudar a que el gobierno y las FARC emprendan la negociación del acuerdo humanitario del que depende la liberación de las 56 personas que esa guerrilla tiene secuestradas con fines de intercambio por más de medio millar de rebeldes detenidos. La colombo-francesa Íngrid Betancourt y los estadounidenses Keith Stansell, Thomas Howes y Marc Gonsalves figuran en el grupo de cautivos, lo que ha dado un mayor alcance internacional a esta crisis.