BEBÉS ROBADOS
La Fiscalía abrió 47 investigaciones por bebés robados en 2021
Entre 2011 y 2021 la Fiscalía ha abierto 2.186 investigaciones, de las cuales 532 han desembocado en los juzgados.
MADRID | Las
fiscalías provinciales incoaron el pasado año 47 diligencias de
investigación por procedimientos relacionados con bebés robados, una
cifra que no se veía desde 2015 tras dos años sin apenas llegar a la
decena de investigaciones. Son datos de la Fiscalía General de Estado a los que ha tenido Efe que
evidencian un cambio sustancial respecto a las actuaciones de años
anteriores, cuando tan solo se abrieron tres y siete diligencias en 2020
y 2019, respectivamente, años en que ninguna diligencia acabó
judicializada.
Nada que ver con lo acontecido en 2021 cuando seis procedimientos de
la Fiscalía acabaron judicializados, algo que no sucedía desde 2015
cuando fueron ocho las diligencias elevadas ante los jueces.Estos
datos responden al oficio remitido hace unas semanas por el jefe de la
Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Álvaro García, al conjunto de
las fiscalías provinciales para conocer si sigue habiendo denuncias de
casos de bebés robados y cuántas acaban en los juzgados españoles.
Fuentes fiscales han explicado a Efe que se trata de una
práctica anual que la Fiscalía General realiza para llevar un control de
las actuaciones de los bebés robados, como viene haciendo desde 2011. Aquel
año se abrieron 1.346 investigaciones tras el impulso de la Asociación
Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares, Anadir, que pidió
entonces a la Fiscalía General del Estado la apertura de una
investigación para identificar a los responsables de una trama que actuó
en toda España, sobre todo entre los años 50 a 90, dedicada al robo y
posterior venta de niños.
Pero el entonces fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido,
rechazó la apertura de una investigación nacional y pidió que fuesen las
fiscalías provinciales las que analizaran caso a caso.Desde
2011, las denuncias han ido en un notable descenso pasando de las 1.346
de aquel año a las 463 del año siguiente, 165 en 2013 y de ahí a las
apenas tres en 2020, con un paréntesis en 2018 de 26 investigaciones
abiertas por las fiscalías provinciales.
Ocurre lo mismo con las
investigaciones que han acabado judicializadas. De las 343 en 2011 se
pasó a 144 en 2012 y a 21 en 2013 hasta llegar a los años 2019 y 2020
cuando ninguna denuncia acabó en los juzgados. En total, entre 2011 y 2021 la Fiscalía ha abierto 2.186
investigaciones, de las cuales 532 han desembocado en los juzgados, si
bien la inmensa mayoría tiene luego poco recorrido judicial.
De
hecho, la mayoría de los casos acaban archivados por prescripción de los
delitos o por problemas para atribuir la responsabilidad a alguna
persona, ya sea porque no se conoce al autor de los hechos, no ha sido
localizado o, incluso, ha fallecido.
En 2020 el Tribunal Supremo
dejó abierta la puerta a investigar el robo de bebés en España en una
sentencia en la que consideró no probada la detención ilegal en el caso
de Inés Madrigal y el doctor Eduardo Vela -ya fallecido-, aunque
confirmó el delito de falsedad y la ilegalidad de aquella adopción de
1969.
Sin embargo, esta sentencia y una segunda de ese mismo año en otro
procedimiento no se pronunciaron sobre la prescripción de los delitos,
que es la clave para poder reabrir cientos de causas archivadas en
España y la principal demanda de las asociaciones de bebés robados. EFE