GALICIA | VIOLENCIA DE GÉNERO
Galicia solicita que se modifique la Ley estatal para ampliar el concepto de violencia de género
MADRID | La secretaria general de la Igualdad, Susana López Abella, participó hoy
en Madrid en la Conferencia Sectorial de Igualdad en la que solicitó
que se modifique la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas
de protección integral contra la violencia de género, para incorporar
todos los tipos de violencia contra las mujeres, en línea con el que ya
recogen el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el
Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia a las
mujeres.
En la actualidad a ley estatal solo reconoce como violencia
de género aquella en la que existe o existió en algún momento una
relación afectiva o de pareja entre el agresor y la víctima. Galicia,
cuya legislación para la prevención y tratamiento integral de la
violencia de género (ley 11/2007, de 27 de julio) ya incorpora un
elenco más extenso de supuestos, considera que casos como el último
crimen cometido en Galicia, donde una mujer fue presuntamente asesinada
por un acosador, deben ser reconocidos como violencia de género por la
legislación estatal, garantizando así una atención integral a todas las
víctimas de la violencia contra las mujeres.
Para el Gobierno
gallego, el nivel de tolerancia ante los ataques y actos de violencia
que sufren las mujeres debe ser cero y no resultan admisibles retrocesos
en lo que se refiere a la protección de sus derechos. La Xunta trabaja
por una Galicia inclusiva, igualitaria, respetuosa, justa y democrática
y, por eso, solicitó este cambio normativo.
Galicia se sitúa en la
vanguardia de la lucha contra la violencia y la discriminación de la
mujer en todos los ámbitos, al permitir visibilizar nuevas desigualdades
y avanzar para erradicarlas. La nueva Ley gallega de Igualdad, que en
la actualidad está en tramitación, impulsará, entre otros, la protección
de las mujeres frente a ataques sexistas a través de medios
tecnológicos; promoverá programas municipales para crear espacios
urbanos libres de violencia y acoso sexual; o reconocerá la
discriminación múltiple de la mujer por discapacidad, etnia, edad,
pobreza o inmigración, entre otros. Es preciso recordar, además, que
Galicia fue pionera en modificar la Ley para incluir la violencia
vicaria de padres a hijos como violencia de género.
Continuidad al Pacto de Estado
Por otro lado, en la reunión celebrada
hoy se acordó por unanimidad y, la petición de Galicia, la creación de
un grupo de trabajo para dar continuidad al Pacto de Estado contra la
violencia de género. Galicia en la última conferencia sectorial,
celebrada el pasado mes de febrero, se mostró preocupada por la
continuidad de los fondos asociados al Pacto de Estado, ya que finaliza
este año y el Gobierno Central entonces no había confirmado su
continuidad. Así, en aquella reunión, y, la petición de Galicia, se
acordó avanzar en la renovación de este Pacto y en la reunión de hoy se
abordó el inicio de los trabajos para la ampliación, mejora y renovación
de los acuerdos e instrumentos presupuestarios y administrativos de
este Pacto y la continuidad de los proyectos vinculados. Para el
Gobierno gallego, el Pacto de Estado contra la violencia de género es un
instrumento eficaz para coordinar las políticas para luchar contra esta
lacra social. Es un eje prioritario para la Administración autonómica
gallega y, por eso, incrementó este año el presupuesto en un 22% hasta
los casi 18 millones de euros.
Galicia, a través del Pacto del
Estado, está gestionando 40 millones de euros que se repartieron en
cinco anualidades (2018-2022). Para este año cuenta con cerca de ocho
millones de euros para seguir desarrollando las medidas previstas. En
2021, a través de estos fondos, se pusieron en marcha dos nuevas
actuaciones: el programa para impulsar la contratación de mujeres
víctimas de violencia de género por entidades sin ánimo de lucro y los
incentivos a la movilidad geográfica para las víctimas. Son dos
iniciativas que se circunscriben en el apoyo del Gobierno de la Xunta la
que las víctimas consigan una independencia económica, ya que lo
considera clave para garantizar que las mujeres en situación de
violencia de género consigan una mayor estabilidad personal, social y
laboral y la puerta que les va a permitir salir del círculo de la
violencia y lograr esa independencia económica y personal necesaria para
romper el vínculo con su agresor y lograr su plena recuperación.
Galicia, además, es pionera, en el marco del Pacto, en el apoyo integral
a menores que quedaron huérfanos a causa de los actos de violencia
machista, da cobertura económica y social a las víctimas gravemente
heridas, organiza turnos de guardia para la atención psicológica y
social e incorporó trabajadores sociales a las siete oficinas de
atención a las víctimas en juzgados. Entre las medidas incluidas en
el Pacto se encuentran también acciones para la sensibilización y
prevención de la violencia, la coordinación en la respuesta
institucional a las víctimas -con especial vigilancia para sus
descendientes menores de edad-, configuración de estadísticas o
visibilidad de otras formas de violencia que pueden afectar a las
mujeres.