MADRID | Acosar
a una mujer que acude a una clínica para interrumpir voluntariamente su
embarazo o a los profesionales que los realizan es delito desde hoy, castigado con una pena de entre tres meses y un año de prisión o
trabajos en beneficio de la comunidad.
La reforma del Código Penal, publicada el pasado miércoles en el Boletín
Oficial del Estado (BOE), castiga a quien "obstaculice el ejercicio del
derecho a la interrupción voluntaria del embarazo" y acose a una mujer
"mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que
menoscaben su libertad". EFE