IGLESIA | ABUSOS
Lento y complicado inicio de las investigaciones de los abusos en la Iglesia
MADRID | La investigación de los abusos sexuales a menores en la Iglesia por
parte del Defensor del Pueblo sigue sin arrancar un mes después de que
el Congreso le encomendara crear una comisión de expertos, que todavía
no se ha constituido, mientras que la auditoría encargada por la
Conferencia Episcopal apenas acumula medio centenar de denuncias. El camino se augura largo y no pocas víctimas han decidido no participar
en ninguna de las dos investigaciones al desconfiar de su capacidad de
llegar al fondo del asunto.
El pasado 10 de marzo el Congreso encomendó al Defensor la creación
de una comisión para investigar los casos de pederastia en la Iglesia,
una comisión que debería estar compuesta por expertos del ámbito
jurídico, de la educación, la psiquiatría y la psicología y también por
miembros de la Iglesia, pero de la que a día de hoy no hay noticias."Se está trabajando en su diseño", trasladan a Efe desde el Defensor del Pueblo.
Según
explican fuentes de esta institución, encabezada por Ángel Gabilondo,
siguen inmersos en la elección de las personas idóneas para asumir el
encargo del Congreso; aunque el defensor señaló en su día que esa
comisión podría estar cerrada antes de Semana Santa, al comenzar el
trabajo de campo han comprobado la necesidad de avanzar con calma.
"No se trata de hacer un trabajo rápido, sino de hacerlo bien, con
discreción y confidencialidad", señalan las fuentes consultadas, que
recuerdan también que, además de este encargo, el Defensor sigue
recibiendo quejas y peticiones ciudadanas y mantiene su agenda oficial,
en la que se enmarca, por ejemplo, la presentación de su informe anual
en las Cortes.
Evitan así poner fecha al inicio formal de la
investigación, pero aseguran que cuando la comisión esté constituida se
harán públicos los nombres de sus integrantes. Desde el Defensor se está contactando con profesionales de las distintas
áreas y también se está invitando a colaborar y participar en los
trabajos a asociaciones de víctimas y a la propia Iglesia.
Pero la Conferencia Episcopal Española (CEE) sigue sin aclarar si participará en esta comisión.Su
presidente, el cardenal Juan José Omella, explicó la pasada semana en
el Vaticano que están esperando a que se constituya y les aclaren cuáles
son los objetivos y la metodología. "Entonces responderemos", señaló.
Los
obispos confían en la auditoría encargada al despacho de abogados
Cremades & Calvo Sotelo, en la que participarán reputados expertos
como el portugués Pedro Strecht, psiquiatra infantil, coordinador de la
comisión creada por la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP) o los
abogados de la firma que llevó a cabo la investigación en la diócesis
alemana de Múnich, y que contará también con la colaboración de la
exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena o del periodista Juan Luis
Cebrián.
Sin embargo, esta auditoría, que arrancó el pasado 22 de febrero, ha
recibido menos de 50 denuncias, una cifra muy alejada incluso de las 506
denuncias registradas por las oficinas de atención a la víctimas de
abusos que han puesto en marcha las diócesis españolas.
Con
esta investigación no colaborará la organización Infancias Robadas, que
ha criticado la pertenencia de Javier Cremades, socio principal de la
firma, al Opus Dei, una prelatura -censuran desde esta asociación de
víctimas- "tremendamente jerarquizada" donde "impera el silencio
cómplice" y se defiende a "los agresores".
Tampoco cuenta con el
apoyo de otras víctimas que, bajo la propuesta de impulsar una "comisión
de la verdad" que investigue estos delitos de manera "independiente y
resolutiva", se han unido en la Plataforma Tolerancia O. Entre ellos se encuentra el escritor Alejandro Palomas, cuyo
testimonio y posterior reunión con el presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, abrió la vía a una comisión de investigación. También figuran
Manuel Barbero, impulsor de la asociación Mans Petites, la activista
Vicki Bernadet y Miguel Hurtado, víctima de abusos por parte de un
religioso.
Ellos tampoco participarán en la investigación del
Defensor del Pueblo porque creen que no cuenta con poderes coercitivos y
la jerarquía católica se podría negar a participar en su conjunto, o
según las diócesis. Así sucedió -recuerdan- con una investigación
anterior impulsada por el Síndic de Greuges de Cataluña en 2019, en la
que la jerarquía católica catalana se negó a participar.
En
declaraciones a Efe, Hurtado ha asegurado que respetan el derecho de las
victimas a hablar con quien considere oportuno. "Pero ni la auditoría
de Cremades ni la comisión del Defensor del Pueblo tienen poderes
coercitivos para investigar". Ha lamentado que España tiene "una de las Conferencias Episcopales
más obstruccionistas de Europa" y una parte muy importante de los
obispos no van a colaborar, "así que habrá que obligarles".
Además
-continúa- las dos investigaciones tienen graves conflictos de
intereses. La auditoría interna está dirigida por un despacho vinculado
al Opus Dei, mientras que el Defensor del Pueblo fue profesor religioso
en dos colegios en los años 70 donde se cometieron graves casos de
pederastia clerical, señala. EFE