REDACCIÓN | La nueva ley del aborto, que será aprobada en las próximas semanas, blinda la sanidad pública como centro de referencia a la hora de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo, pero en la actualidad sólo tres comunidades (Cantabria, Baleares y Cataluña) realizan más abortos en centros públicos que en privados.
Con la polémica de fondo del nuevo protocolo para frenar los abortos en Castilla y León, la nueva ley impulsada por el Ministerio de Igualdad, y que persigue ampliar el derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo, prosigue su tramitación parlamentaria a la espera de ser aprobada en el Senado.
La reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo estipula que las comunidades autónomas deberán reorganizar sus recursos para que todas las mujeres puedan abortar en un centro público, incorporando la previsión de proximidad del domicilio. Leer más