El Tribunal Galego de Defensa da Competencia reconoce que los empresarios no denuncian por temor a represalias

Uno de cada tres empresarios se queja de que los proveedores imponen precios

El presidente del Tribunal Galego de Defensa da Competencia (TGDC), José Antonio Varela González, aseguró en el Parlamento que un número significativo de empresarios gallegos no denuncia supuestas prácticas ilegales en este ámbito por miedo a represalias de las empresas infractoras, así como por las dificultades para encontrar pruebas válidas en caso de juicio. Durante su comparecencia en la comisión de Economía, Varela González explicó que a lo largo del último año "visitáronnos axentes económicos e pequenos e medianos empresarios" con el objetivo de denunciar supuestas conductas ilícitas por parte de otras empresas que actúan en el mismo sector, ya que "crían que a actuación destas empresas lles impoñía condicións" en el mercado. Sin embargo, una vez instados a que presentasen la correspondiente denuncia en el Servizo de Defensa da Competencia de Galicia, encargado de instruir los expedientes antes de que lleguen a manos del tribunal, los empresarios optan por no formular la denuncia. En ese momento aparece "o temor a contrarréplicas do empresario infractor", lo que demuestra que "a denuncia non é fácil" ya que la economía "é un mundo de intereses". Además, el presidente del TGDC reconoció que la obtención de pruebas que ratifiquen la denuncia dificulta aún más la puesta en marcha de denuncias. "A consecución de probas non é doado", admitió Varela, ya que "o nivel de probas que se require é moi esixente por parte do Tribunal Supremo", último organismo encargado de juzgar este tipo de infracciones. En esta línea, adelantó datos de una encuesta realizada por el propio tribunal respecto a la percepción que tienen los empresarios de la comunidad sobre la defensa de la competencia, un trabajo "pioneiro en España" en el cual se puso de manifiesto que el 34% de los empresarios gallegos consideran "moi ou bastante frecuente" que los suministradores y proveedores impongan precios. En su opinión, se trata de un dato "significativo" que viene a ser "a punta do iceberg", y que demuestra la necesidad de "estimular" la actuación de oficio en materia de competencia por parte de la Administración autonómica, evitando así que sean los propios empresarios los que se vean obligados a denunciar a sus competidores. No obstante, el máximo responsable de la institución reconoció la existencia de algunas "contradiccións" en la elaboración de la encuesta, ya que el 30% de los entrevistados "parece non asumir valores de competencia", y al mismo tiempo, el 90% de los mismos considera "importante" que existan organismos que defiendan esta cuestión en Galicia. Personal "moi reducido" En todo caso, el presidente del TGDC reconoció que el cuadro de personal que forma parte de esta institución asciende a ocho personas, lo que supone "unha cifra moi reducida en termos absolutos ou en comparación con outros organismos públicos", ya que tres de esas ocho personas forman parte del Pleno de la misma. Con todo, explicó que la Administración autonómica instruyó durante el último año un total de 20 expedientes relativos a la defensa de la competencia en Galicia, de los que 11 se refirieron a concentraciones empresariales y otros 9 a autorizaciones de carácter singular. Esta cifra supuso "multiplicar por dez" la entrada de expedientes respecto al año anterior, aunque esto se debe a que 2005 fue el año en el que se puso en marcha el propio Tribunal, el segundo que iniciaba su actividad en España después del de Cataluña. En el caso de las supuestas concentraciones empresariales, sólo uno de los 11 expedientes instruidos por el servicio de defensa gallego llegó a manos del TGDC, y posteriormente, el tribunal dictaminó que los efectos de dicha fusión "eran marxinais". Además, esa operación no se llegó a llevar a cabo por la oposición de los socios de ambas empresas. Finalmente, Varela González explicó que el Tribunal realizó en el último año tres informes sobre proyectos normativos, y otros tres informes sobre la implantación de dos hipermercados generalistas en A Coruña y Vigo, y de la multinacional sueca Ikea en A Coruña. Junto a esto, el organismo autonómico también analizó la situación de diferentes mercados gallegos, así como el panorama competitivo en la comunidad.