La UE reabre el expediente por incumplir la normativa de transporte de pasajeros en la ría de Vigo

La Comisión Europea reabrió el expediente sobre el incumplimiento de la normativa comunitaria en materia de cabotaje marítimo en la ría de Vigo, y amenaza con volver a llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE si no se subsana la situación. La CE le ha enviado a España una ?carta de emplazamiento? ?primer paso del procedimiento de infracción- al entender que sigue incumpliendo una sentencia del Tribunal de Justicia comunitario sobre la libre prestación de servicios de transporte marítimo en el interior de la ría de Vigo. La Justicia europea, en una sentencia del 9 de marzo de 2006, falló que, al mantener en vigor una disposición legislativa sobre las condiciones de prestación de servicios de transporte marítimo de pasajeros dentro de la ría viguesa, España incumplía las obligaciones que le corresponden con arreglo a la normativa comunitaria sobre cabotaje marítimo. En aquella sentencia, el Tribunal entendía que en la ría de Vigo se habían infringido cuatro artículos del reglamento comunitario que rige este tipo de transportes. Consideraba que el hecho de que una ley gallega de abril de 1999 permitiese la concesión a una única empresa de los servicios de transporte marítimo durante veinte años, atendiendo a la experiencia de dicha empresa en la zona, favorecía al operador existente en detrimento de otros posibles candidatos a prestar el servicio. En el comunicado de prensa en el que se informa sobre la apertura del procedimiento de infracción, la Comisión Europea afirma que España no ha comunicado con posterioridad a esa sentencia la adopción de medidas destinadas a cumplir la misma, y por ello ha decidido reabrir el expediente. Sin embargo, el 18 de mayo de 2006 una delegación de la Xunta de Galicia, encabezada por el Secretario Xeral de Relacións Exteriores, Santiago Gómez-Reino, y el anterior Director Xeral de Transportes se reunieron en Bruselas con responsables del Ejecutivo comunitario para transmitirles la intención del Gobierno gallego de acatar la sentencia del Tribunal Europeo. En aquel encuentro la Xunta le trasladó a la Comisión Europea un cronograma en el que se reflejaba la intención de tener liberalizado el servicio antes del 31 de diciembre de 2006, plazo que ya se ha sobrepasado. Ahora, España dispone de un plazo de dos meses para responder de manera satisfactoria a la misiva enviada desde Bruselas. Si el Ejecutivo comunitario considera que la respuesta no es adecuada enviará a las autoridades españolas un ?informe motivado? ?segundo paso del procedimiento de infracción- y le dará otros dos meses para responder. En caso de que el proceso llegue hasta el final, la Comisión podría solicitar al Tribunal Europeo que imponga a España, y en este caso a Galicia, dos tipos de multa: por un lado podría solicitarle una cantidad económica directa, y por el otro, podría pedir la aplicación de una multa coercitiva, que iría aumentando diariamente hasta que se constatase el cumplimiento de la sentencia dictada en marzo de 2006. En el peor de los casos, Galicia podría verse obligada a hacerle frente a una combinación de las dos multas.