REDACCIÓN | La proliferación de los pisos turísticos en España, que coincide con unas cifras turísticas de récord y una escalada en los precios de la vivienda, se ha convertido en un asunto político y social de primer orden para las regiones y municipios más afectados, que están actuando de diferentes maneras para afrontar la situación.
Endurecer los requisitos para ejercer la actividad, reforzar las inspecciones, decretar moratorias en la concesión de licencias o restringir la apertura de alojamientos en las zonas más tensionadas son algunas de las estrategias más populares entre autonomías y ayuntamientos.
El propio Ejecutivo central parece decidido a intensificar el control de las viviendas de uso turístico (VUT), y hace apenas dos días que anunció su intención de acotar los alquileres temporales obligando a que sean justificados en los contratos. También pretende reformar la Ley de Propiedad Horizontal para que los vecinos puedan autorizar o vetar pisos turísticos en sus fincas. Leer más