REDACCIÓN | El BBVA afronta una semana decisiva para aclarar cuanto antes si sigue adelante con su oferta pública de adquisición (opa) al Banco Sabadell, a pesar de que el Gobierno impediría una fusión de las dos entidades en los próximos tres años, o si finalmente renuncia a la operación.
A principios de semana, previsiblemente, el grupo que preside Carlos Torres reunirá a su consejo de administración con la idea de despejar la gran incógnita y podrá valorar también la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo la condición impuesta por el Ejecutivo, según han informado a EFE fuentes próximas al proceso.
El último Consejo de Ministros autorizó la opa con la condición de que si prospera se mantengan las dos entidades por separado, incluyendo su gestión, durante al menos tres años, que podrían llegar a ser cinco, lo que complica los ahorros previstos con la operación.
El plan inicial del BBVA pasaba por integrar en el grupo al Sabadell para obtener a lo largo de los tres primeros años unas sinergias o ahorros de 850 millones: 450 millones en gastos de tecnología, 300 millones en gastos de personal y 100 millones en ahorros financieros.
Sin embargo, a la vista del rechazo desde un primer momento del Gobierno a una fusión entre el BBVA y el Sabadell, el banco comprador empezó a barajar un escenario en el que la entidad catalana se mantendría como filial del grupo, al igual que el Santander tuvo durante más de dos décadas al Banesto.
Un proceso de integración suele tardar un par de años en completarse y, además, el impuesto extraordinario a la banca tendría un coste mayor para el BBVA si integra al Sabadell, ya que es progresivo, por lo que mantener al banco catalán como filial el grupo tendría una cierta ventaja fiscal.
En el lado contrario está que las sinergias previstas en su día de 850 millones serían imposibles de conseguir, lo que a priori resta atractivo a la operación y obliga al BBVA a recalcular sus cifras para ver si sigue teniendo sentido continuar con la opa.
Sobre el papel, el acuerdo del Consejo de Ministros impide que tanto el BBVA como el Sabadell lleven a cabo recortes de plantilla o cierres de sucursales ligados a la operación, si bien no cierra la puerta a que estos se produzcan si buscan maximizar el valor de cada entidad.
De ahí que, por el momento, el banco no haya tirado la toalla y se incline por mantener su oferta a los accionistas del Sabadell, a la vista de los últimos contactos que ha mantenido con grandes inversores y las alegaciones que quiere hacer llegar también a principios de esta semana al acuerdo del Consejo de Ministros.
En cualquier caso, se espera que el máximo órgano de gestión del BBVA, que es su consejo de administración, decida «muy pronto» si sigue adelante con su oferta de compra tras recibir el visto bueno, con compromisos, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la operación de concentración y del Gobierno a la opa.
Si el banco no desiste, en las próximas jornadas tendrá que seguir avanzando y actualizando la previsión de sinergias y el impacto de la condición impuesta por el Gobierno con el objetivo de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe el folleto de la operación.
El supervisor bursátil será el encargado de dar el visto bueno a ese texto que recoge las condiciones de la oferta, incluyendo sus riesgos, a lo largo de julio, con lo que podría abrirse el periodo de canje en el que los accionistas del Sabadell tendrán que decir si están dispuestos a canjear sus títulos a cambio de los del BBVA.
El periodo de canje tiene que durar un mínimo de 15 días, que se convierten en realidad en al menos 30 días, pero como no se contempla la posibilidad de que concluya en agosto y la ley permite que pueda alargarse hasta un máximo de 70 días, continuaría en septiembre. Leer más