OLA DE CALOR EN EUROPA
La ola de calor europea triplica la mortalidad: exige medidas climáticas
AKIRA NÚÑEZ | Un reciente estudio de la Imperial College London junto a la London School of Hygiene & Tropical Medicine revela que la ola de calor que sufrió Europa entre el 23 de junio y el 2 de julio de 2025 triplicó la mortalidad en 12 grandes ciudades del continente. La organización Greenpeace Internacional ha sido contundente al denunciar a las empresas de petróleo y gas responsables, exigiendo que pague el verdadero costo humano y ambiental de estas crisis.
La ola de calor no solo provocó muertes, también llevó a las autoridades a imponer restricciones: se limitaron las horas de trabajo al aire libre en Italia, se cerraron más de 2?200 escuelas en Francia y se desataron incendios forestales en Grecia, España y Turquía.
Ian Duff, de Greenpeace, subrayó que los más vulnerables —ancianos, trabajadores al aire libre, comunidades sin acceso a refrigeración— están pagando con su vida la contaminación provocada por grandes multinacionales como Shell y TotalEnergies. Se calcula que ocho de cada diez personas en el mundo apoyan la idea de que estos contaminadores “paguen por lo que provocan”.
Greenpeace y Oxfam lideran la Alianza Polluters Pay Pact, que plantea:
- Imponer impuestos o multas a las petroleras.
- Exigir que esas empresas asuman los costos derivados del calor extremo y otros daños públicos.
“Esta ola de calor ocurre cuando las finanzas públicas están al límite: lo justo es que quienes más contaminan paguen” —Ian Duff, Greenpeace.
Este llamado llega en un momento crítico, pues junio de 2025 fue el más caluroso jamás registrado en Europa Occidental, según datos del Servicio de Cambio Climático de Copernicus. Ante cifras tan alarmantes, el mensaje de Greenpeace es claro: exigir responsabilidad climática ya es una urgencia democrática.
La Corte Internacional de Justicia emitirá un dictamen histórico sobre el cambio climático
Por otro lado, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se prepara para emitir, este 23 de julio, un dictamen no vinculante pero muy influyente respecto a las responsabilidades legales de los países en la lucha contra el cambio climático. El foco se centra en determinar si las naciones con altas emisiones de gases de efecto invernadero tienen la obligación de proteger los derechos delos países más vulnerables, como pequeñas islas y estados menos desarrollados.
Este dictamen llega tras audiencias celebradas en diciembre, donde países industrializados defendieron una interpretación basada en tratados internacionales no jurídicamente obligatorios, como el Acuerdo de París. En contraste, naciones en desarrollo y pequeños estados isleños solicitaron medidas más estrictas y vinculantes para frenar las emisiones globales.
Aunque la opinión de la CIJ no será legalmente exigible, su impacto político y simbólico será enorme. Expertos advierten que podría reforzar demandas legales en tribunales nacionales e internacionales y obligar a los gobiernos a implementar políticas climáticas más agresivas para evitar acciones judiciales.
Este momento histórico representa una oportunidad para que el derecho internacional reconozca una obligación moral y legal de proteger el planeta. Su veredicto puede marcar un antes y un después en cómo las naciones gobiernan sus compromisos ambientales y defienden los derechos de las generaciones venideras.