POLÍTICA
El Congreso deroga las medidas del "escudo social" y convalida la subida de las pensiones
REDACCIÓN | El pleno del Congreso, con la mayoría que suman el PP, Vox y Junts, ha derogado por segunda vez en un mes el decreto que prorroga la suspensión de los desahucios de familias vulnerables y otras medidas del llamado escudo social, como la prohibición de cortar los suministros básicos.
El decreto -que ha sido rechazado por 172 votos a favor, 177 en contra y una abstención (UPN)- incluye también otras medidas de diversa índole, como la congelación de las cuotas de los trabajadores autónomos, las ayudas fiscales para la compra de vehículos eléctricos y para los afectados por la dana y los incendios, así como la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y entidades locales en 2026.
Otras de las medidas que quedan sin efecto con la derogación de este decreto son la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas, la eliminación de la obligación de los perceptores de prestaciones por desempleo de presentar la declaración de la renta y la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocada por diversos acontecimientos naturales.
El pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado, con el único rechazo de Vox, el decreto ley que revaloriza las pensiones un 2,7 % con carácter general, que llega al 7 % en el caso de las mínimas y al 11,4 % para las no contributivas y el ingreso mínimo vital.
El decreto ha sido aprobado con los votos a favor de toda la Cámara, salvo Vox, y será tramitado como proyecto de ley, después de que el Gobierno volviera a traerlo a las Cortes de forma separada del decreto que incluye el escudo social.
El pleno del Congreso ha rechazado, con los votos de PP, VOX y Junts, el decreto ley para topar los precios de productos y servicios esenciales en situaciones de emergencia, una norma que pretendía que ninguna empresa pueda «hacer caja a costa de la vulnerabilidad de la ciudadanía».
Así lo ha indicado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la defensa de este decreto que fue aprobado el pasado 10 de febrero en Consejo de Ministros para evitar subidas abusivas para los consumidores como las denunciadas tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba), que causó un aumento de precios en las aerolíneas.
El decreto ley ha contado con 177 votos en contra, los de PP, VOX y Junts; 172 a favor, los de PSOE, Sumar y los socios habituales del Gobierno; y la única abstención de UPN.
El ministro ha lamentado que con la oposición a esta medida «se estarían avalando prácticas abusivas e indefendibles y protegiendo a quienes buscan lucrarse sin escrúpulos», y ha querido insistir en que no afecta a los pequeños comerciantes, sino a algunas plataformas multinacionales que han subido los precios «de manera completamente impune» en las citadas situaciones.
El PP ha votado en contra porque este decreto, según ha explicado su diputada María Pilar Alía, «da vía libre (al Gobierno) para fijar precios en cualquier momento, y decidirán el principio y el fin», es decir, que el campo de acción «es muy amplio» y «eso es inquietante».
Vox también ha votado en contra de esta medida, ya que «vulnera la libertad de empresa» y «demoniza a sectores enteros de nuestra economía», ha dicho su diputado Carlos Flores, quien ha rechazado que los precios subieran tras el accidente tal y como había explicado previamente el ministro de Consumo, al que ha acusado de presentar ante el pleno un relato «lacrimógeno» y «el enésimo bulo».
Por su parte, el diputado de Junts Josep María Cruset ha rechazado la medida porque «no es el camino» para afrontar la necesidad de topar los precios en situaciones de emergencias y ha acusado al Gobierno de «falta de ética» y de «menospreciar a otras fuerzas políticas».
A su juicio, «querer intervenir el mercado» es «abusivo» y «temerario» y además «limita los derechos de los ciudadanos». Leer más