REDACCIÓN | El Gobierno ha aprobado una partida de 30.000 euros para contribuir a la defensa jurídica de los ciudadanos españoles que estén acusados en el extranjero de delitos que pueden conllevar la pena de muerte, situación en la que se encuentra una persona en Egipto.
Se trata de Ahmed el Saadany Ghaly, de nacionalidad española y condenado en 2017 por el asesinato de su cuñado en la ciudad egipcia de Damietta. Desde España se ha instado en varias ocasiones a las autoridades de ese país para que se le conmute la pena de muerte a Ghaly, quien ha negado los hechos y ha alegado torturas durante los interrogatorios.
La ayuda que ofrece el Ejecutivo puede solicitarse hasta el 23 de mayo tal como recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde fue publicado la semana pasada. Según ha explicado a EFE Javier Casado, director de la Fundación +34 Nunca Olvidados, que asiste a los españoles encarcelados en el extranjero «en situación de desamparo», la cantidad que facilita el Ejecutivo está más pensada para el sistema estadounidense, donde tras una condena a la pena capital, existe la posibilidad de presentar un recurso, «que cuesta un dineral».
En todo caso, es una cuantía de la que no se pueden beneficiar los españoles que están condenados a otras penas ni tampoco quienes cumplen cadena perpetua en otros países, que son varios. Leer más