El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ordenó el secuestro del último número de la revista satírica "El Jueves", en cuya portada aparece una caricatura de los Príncipes de Asturias en una situación considerada irreverente. El auto, dictado a petición de la Fiscalía General del Estado, ordena a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que procedan a retirar los ejemplares de la revista de los puntos de venta, así como que se desplacen a Madrid y Barcelona para hacerse con el molde del dibujo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que se encuentra de guardia esta semana, requiere al director de la revista que identifique a los autores de la caricaturas, que podrían haber incurrido en los delitos contra la Corona previstos en los artículos 490.3 y 491 del Código Penal, que prevén penas de hasta 2 años de prisión a quien cometiera calumnias o injurias contra el rey o sus descendientes. La denuncia que ha interpuesto el fiscal señala que en la portada del número 1.573 de "El Jueves" aparecen los Príncipes de Asturias "caricaturizados pero fácilmente identificables" y en actitud "claramente denigrante y objetivamente infamante?. "En todo caso, la imagen y diálogos atribuidos a Sus Altezas provocan un grave menoscabo del prestigio de la Corona", añade el fiscal Carballo, en su denuncia. En los razonamientos jurídicos de su auto, el juez explica que la Audiencia Nacional es competente para investigar los delitos antes reseñados, que protegen al Rey y a otros miembros de la Corona tanto en el ejercicio de sus funciones como fuera de ese ejercicio, de las injurias y de la utilización de su imagen en cualquier forma "que pueda dañar el prestigio de la Corona". Tras analizar la portada de la revista, Del Olmo concluye que "se trataría de una caricatura que afecta al honor y al núcleo íntimo de la dignidad de las personas que en la misma se ven representadas y que resulta innecesaria y desproporcionada para la formación de la opinión pública". El juez justifica el secuestro de la publicación porque "no existe otra medida menos lesiva o moderada" para "evitar la persistencia de los efectos del delito".Añade Del Olmo que el derecho fundamental a la libertad de expresión "es inexcusable en una comunidad libre, si bien "quien extralimita el ejercicio de un derecho fundamental (considerando que la crudeza de una crítica, que puede ser especialmente acerba, podría verse amparada en ese derecho fundamental), no puede verse amparado legalmente en el mismo para evitar las consecuencias de sus actos".