Los populares gallegos reclamaron la ejecución de campañas de promoción, mejora del etiquetado y un mayor control de las importaciones para remontar la "crise" que, a su juicio, registra el sector pesquero en Galicia como consecuencia de la "intensa caída" del precio en lonja de la merluza fresca y del bonito. Tras reunirse con representantes del sector en la comunidad, los portavoces populares de Pesca en el Parlamento de Galicia, José Manuel Balseiro, y en el Congreso de los Diputados, Joaquín García Díez, comparecieron en rueda de prensa para denunciar una situación que, desde su punto de vista, podría provocar el amarre de la flota gallega que centra su actividad en la captura de estas especies. En la entrevista con el sector también estuvo presente el secretario xeral del PPdeG, Alfonso Rueda. Para frenar la supuesta crisis, Joaquín García Díez instó al Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) a impulsar una campaña de promoción para el consumo del bonito del norte y de la merluza. El objetivo sería "informar" y "concienciar" a los posibles consumidores sobre la calidad del producto que, a diferencia del importado, se captura con artes selectivas sin causar daños a las restantes especies y "desmitificar" alguno de los "problemas" que se atribuyen al consumo del pescado fresco -como la anisakiosis, enfermedad causada por un parásito (anisakis)que vive en el conducto digestivo de muchas especies de pescado-. "O pescado se se vai fritir a máis de 60 grados é seguro -con respecto al anisakis- e non fai falla conxelalo", concluyó. En la línea, García Díez exigió que se "extremen" los controles sanitarios y fiscales sobre las importaciones "masivas" de atún y merluza foráneos. "Que polo menos cumpran as mesmas normas que teñen que cumprir os barcos españois que se dedican a pescar en fresco", advirtió. La tercera medida reclamada por los populares pasa por una mejora del etiquetado que permita a los ciudadados disponer de una información más completa en el punto de venta y, al menos, distinguir "con claridade" el país de procedencia del pescado, algo que, desde su punto de vista, "non está perfectamente establecido na actualidade". Tanto García Díez como Balseiro denunciaron la "pasividade" de los Gobiernos central y autonómico ante la caída de los precios, a pesar de que este problema se remontaría ya a la pasada campaña, especialmente en el caso del bonito. De hecho, José Manuel Balseiro recordó que el PP trasladó su preocupación por este asunto tanto al Parlamento gallego como al Congreso de los Diputados, en 2006 sin que la Consellería de Pesca nin el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación "tomasen cartas no asunto". "Nin sequera accederon a realizar un estudo para avaliar os factores que causan esta caída", afirmó el portavoz popular en la Cámara gallega, en base al que, explicó Balseiro, podrían haberse elaborado estrategias de actuación para "remediar" la situación. No obstante, el portavoz en la Cámara gallega puntualizó que, en el caso del bonito, la crisis afecta al sector con "máis intensidade" que en el año 2006. Balseiro se refirió también a los mecanismos de intervención para retirar el pescado del mercado y advirtió que, según le trasladaron los representantes del sector, "non son viables" por los bajos precios contemplados: sobre un 1,7 euros por kilogramo de bonito. "Non se cubre sequera os gastos ocasionados pola saída dos barcos ao mar", señaló y añadió que, además, provonca que se "malvenda" un producto fresco de primera calidad. Las dificultades de aplicación de retirada también jugarían en contra de los intereses del sector, en la medida en que los precios de intervención "só poden ser xestionados polas organizacións de produtores", excluyendo "expresamente" a los restantes agentes del sector pesquero. Críticas y medidas urgentes Ambos portavoces llamaron la atención sobre la "ausencia de reflexos" de las Administraciones autonómica y central ante los problemas que se producen en este sector. Así, recordó que la Consellería de Pesca todavía no se ha reunido con el sector y sigue sin adoptar "medida algunha" en defensa de los intereses de las empresas pesqueras atacadas en Puerto Deseado (Argentina) el pasado 20 de julio. Joaquín García Díez señaló que resulta "incomprensible" que, mentras entre los armadores y tripulantes de la flota pesquera de merluza del Gran Sol "cunde o desánimo" y anuncian posibles amarres, el Gobierno se desentiende achacando el descenso de los precios "á lei da oferta e demanda". "Esta é unha proba máis do abandono ao que está sometendo o Goberno español ao sector pesqueiro", indicó García Díez y anunció que, en vista de las demandas del sector y de la urgencia de adoptar medidas para paliar esta "grave crise", solicitará en la Diputación permanente del Congreso la "comparecencia inmediata" de la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa.