CCOO considera "ilegal" que Medio Ambiente delegue en un empresa privada la inspección de vertidos en ríos gallegos

El Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia (CCOO) denuncia que la Consellería de Medio Ambiente está delegando en una empresa privada la inspección de vertidos en los ríos gallegos. Para la organización sindical se trata de un "acto ilegal de cesión de funcións propias" reservadas al Ejecutivo autonómico, y que ha supuesto un coste de 2,9 millones de euros. El coordinador del sector de la Administración autonómica de CC.OO., Emilio Doforno, considera que la decisión constituye "un novo ataque aos servizos públicos", así como la "privatización encuberta" de una competencia que, en su opinión, "debe prestar directamente a Xunta". Comisións Obreiras considera que este comportamiento supone un ataque a las "garantías constitucionais de independencia e imparcialidade" a las que están obligadas las administraciones públicas en sus actuaciones frente a terceros, ya que "deixa en mans privadas a capacidade de inspección e de sanción". Según manifiesta Doforno, se podría dar "o paradoxo" de que la empresa concesionaria de la inspección tuviese que sancionar a otra empresa del mismo grupo empresarial por vertidos contaminantes. "Sería como poñer un raposo a gardar galiñas", señala el sindicalista. Por otra parte, el portavoz de CC.OO. critica que el departamento que dirige Manuel Vázquez rechace las peticiones sindicales para mantener una entrevista con el conselleiro excusándose con "problemas de axenda", y que se mantengan paralizadas diferentes mesas de negociación. Ruptura del compromiso Para el coordinador del sector de la Administración autonómica de CC.OO., el actual Ejecutivo de la Xunta está faltando al compromiso adquirido en el proceso de diálogo social, al privatizar o intentar privatizar "numerosos servizos públicos". La organización sindical dirigida por Xan María Castro solicita que se convoque de inmediato una comisión de seguimiento para exigir la "reversión" de todas las privatizaciones puestas en marcha ya que, de no hacerlo, el Ejecutivo "perderá toda a credibilidade e poñerá en perigo o proceso de diálogo social".