El Confidencial
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José Manuel López García
Cartas al Director

Doce brigadistas recorren el Camino de Santiago entre Sarria y Portomarín para reclamar un nuevo convenio colectivo

28-08-2007

Un grupo de 12 trabajadores del Servizo de Defensa contra Incendios Forestais (SDCIF) de la Xunta de Galicia recorrió, convocados por los sindicatos CSI-CSIF y CC.OO, un tramo del Camino Francés, entre Portomarín y Sarria, para solicitar a la Consellería de Medio Rural la reapertura inmediata de la mesa de negociación del nuevo convenio colectivo. Carlos Hermida, delegado de Personal de CC.OO en la Consellería de Medio Rural, reconocía que el motivo de esta marcha no era otro que llamar la atención de la sociedad sobre su problema, porque "la situación está cada vez más enquistada y no se vislumbra una solución rápida a este conflicto, después de 22 meses de reclamaciones". En su opinión, la Consellería de Medio Rural está manteniendo una actitud totalmente "despótica" y no ha demostrado "ninguna voluntad de negociar un convenio colectivo al que tenemos derecho todos los trabajadores de este país". Lejos de avanzar hacia un encuentro entre ambas posiciones, las posturas se radicalizan cada vez más, afirmó Hermida, por lo que el conflicto laboral se perpetúa y los trabajadores ya están "perdiendo la paciencia". Para Carlos Hermida, que recorrió la distancia que separa Sarria de Portomarín, resulta "inaudito" que la Consellería de Medio Rural haga oídos sordos a los planteamientos de ambas organizaciones sindicales, después de cinco días de huelga en pleno verano y de las 1.300 firmas presentadas el pasado 8 de agosto, "que equivalen al 90 por ciento de los trabajadores de la plantilla", en el registro de la Xunta de Galicia, precisó. También lamentó que la Xunta de Galicia siga esperando la resolución del recurso de casación presentado ante el Supremo, después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anulase mediante sentencia el acuerdo de "eficacia limitada, sin precedentes en la Administración pública gallega", suscrito por la CIG y la UGT, en lugar de buscar "la normalización laboral" de este "servicio público".





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