La Xunta abre expediente sancionador a Construcuatro al existir indicios de que cobró sobreprecios en Navia

La Consellería de Vivenda e Solo anunció que acaba de abrir un expediente sancionador a la promotora Construcuatro, de la cual es consejero delegado y posee el 33% de las acciones el presidente del PP local de Pontevedra, Telmo Martín, y a dos agencias inmobiliarias de Vigo como presuntos responsables del cobro de sobreprecios en la compraventa de 96 viviendas protegidas, ubicadas en el polígono de San Paio de Navia (Vigo). El departamento autonómico considera que la documentación y las declaraciones por escrito recabadas durante la fase de investigación aportan indicios suficientes para abrir este expediente de sanción, que se resolverá en el plazo máximo de 6 meses. El pasado 23 de agosto, la Delegación Provincial de Pontevedra recibió dos denuncias por escrito, en las que se aseguraba haber pagado un sobreprecio de entre 21.000 y 33.000 euros a Construcuatro como condición para llevar a cabo la venta del piso. El 28 de agosto, el delegado provincial -como órgano competente-, decidió iniciar un expediente de investigación, con actuaciones previas e información reservada, en base a las dos denuncias presentadas, a las que se sumaría una tercera con fecha 4 de septiembre por un sobreprecio de 31.000 euros. Tras la apertura del expediente de investigación el 28 de agosto, la Delegación Provincial llamó a declarar a los 87 propietarios de los 96 pisos del inmueble -nueve viviendas están sin vender-. Tras ello, 21 propietarios denunciaron un supuesto cobro de sobreprecios que oscila entre 12.000 y 42.000 euros, del que resulta un pago medio en dinero negro de 29.000 euros, según informó Vivenda. Según los declarantes, la entrega del sobreprecio se efectuaba antes de firmar el contrato de compraventa. Además, las cantidades que superan el precio legal de venta no figuraban en el contrato de compraventa, que es el documento que se presenta en la Delegación Provincial para su visado, y que posteriormente se eleva a escritura pública. El departamento que dirige Teresa Táboas indica que, en todas las declaraciones suscritas por los propietarios, estos denuncian haber sido obligados a pagar un sobreprecio bajo la coacción de que, en caso contrario, no se les vendería la vivienda. En ningún caso, pese a ser solicitado, se les facilitó recibo alguno por parte de los responsables de la promotora, o de los responsables de las agencias inmobiliarias que había actuado como intermediarias, según declaran los adquirientes. La consellería sigue con la investigación que, tras la toma de declaración a los propietarios, hizo extensiva a todas las personas mencionadas por éstos como intermediarios de los presuntos cobros de sobreprecios y también a los responsables de la empresa promotora del inmoble. Una vez finalizadas todas las actuaciones que se estimen oportunas, Vivenda remitirá el contenido del expediente al Juzgado de Instrucción Número 2 de Vigo, ya que, a diferencia de otras investigaciones de sobreprecios también en Navia, en este caso existe una denuncia presentada por la vía penal cuya resolución prima sobre la vía administrativa. En cualquier caso, a espera del pronunciamiento judicial, y de confirmarse el expediente de sanción, se estaría ante una falta muy grave cuyas sanciones están tipificadas en los artículos 55, 56 y 57 de la actual Lei de Vivenda de Galicia de 2003. Con la normativa en vigor, la consellería solicitará la devolución íntegra de todas las cantidades indebidamente percibidas e impondrá una sanción a la promotora que, a día de hoy, cifra en 978.800 euros. La empresa, además, quedaría inhabilitada para construir vivienda protegida durante seis años. Registro Único Las 96 viviendas que integran el edificio Teixugueiras número 25 de San Paio de Navia son de protección autonómica (VPA) con un precio que oscila entre los 104.000 y 146.000 euros en función de la superficie, cantidad a las que hay que añadir una media de 21.000 euros en concepto de garaje y trastero. En la actualidad, la empresa promotora tiene sin vender nueve viviendas -ocho destinadas a familias numerosas y un piso adaptado para personas con movilidad reducida-. Tras la entrada en vigor del Rexistro Único de Demandantes de Vivenda Protexida el pasado 7 de febrero, esos nueve inmuebles ya pasan a ser adjudicados directamente por la consellería a través de este registro, lo que eliminaría cualquier posibilidad de imponer sobreprecios por parte de la promotora o de cualquier intermediario en el acto de compraventa.