La Axencia da Legalidade Urbanística empezará a funcionar antes de final de año

Más de 30 concellos manifestaron ya su deseo de adherirse

La Xunta aprobó el decreto por el que se pone en marcha la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), un organismo consorciado con los concellos que entrará en funcionamiento "antes de finais de ano". Se trata de un instrumento de control, vigilancia y sanción ante cualquier irregularidad urbanística que se encargará de "protexer" el territorio y el litoral, y servirá para "reforzar" la autoridad de los municipios. Así lo explicó el presidente gallego, Emilio Pérez Touriño, quien destacó que su objetivo fundamental será "garantir a utilización racional do solo e a súa función social". La APLU constituirá uno de los instrumentos principales de la política urbanística de la Xunta, junto con el Instituto de Estudios do Territorio, que se constuirá en breve para prestar asistencia a los concellos en la elaboración de sus planes urbanísticos. La Axencia asumirá todas las competencias de la Consellería de Política Territorial en materia de disciplina urbanística y protección, aunque será el Gobierno gallego el encargado de resolver los expedientes sancionadores que tramite. También ejercerá las competencias que quieran delegarle los concellos, para liberarlos de la presión "fortísima" que estos sufren, sobre todo los más pequeños, "por estar a pé de obra". El nuevo organismo, al que los concellos deberán adherirse voluntariamente mediante un convenio, situará a las entidades municipales bajo el "amparo, tutela e protección da Xunta" en materia urbanística, lo que "entendemos que será máis útil e eficiente", según el presidente. Además, considera que también será un instrumento "bo" para os promotores, ya que "garantiza a imparcialidade" y que se actuará "sen discriminación de ningún tipo". El director xeral de Urbanismo, actualmente Ramón Lueje, será el encargado de presidir la Axencia, en la que se integrarán todos los funcionarios de la subdirección correspondiente. Su comité ejecutivo estará formado por ocho vocales, cuatro profesionales acreditados en representación de la Xunta y otros cuatro de los concellos. También habrá una dirección que será nombrada por la Xunta para un plazo de cuatro años. La constitución efectiva de la agencia se producirá en los próximos días, una vez que se publique en el Diario Oficial de Galicia el decreto autorizado por la Xunta, por el que se aprueban los estatutos de la entidad. Consenso Touriño resaltó que el nuevo organismo cuenta con "un elevado grado de implicación dos concellos" y ya manifestaron su deseo de integrarse, incluso antes de su constitución, un total de 31. Además, el decreto para su puesta en marcha tiene el apoyo de la Federación Galega de Municipios y Provincias y del resto de agentes implicados, por lo que nace "dende o consenso". La incorporación de los concellos interesados se realizará a través de un convenio de adhesión previamente aprobado por el pleno municipal y por el Consello de la Xunta. La integración implicará necesariamente la atribución a la agencia de las competencias de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad urbanística que corresponden al municipio. Las funciones de la agencia serán las de inspección y vigilancia urbanística, la adopción de medidas cautelares previstas en la Lei do Solo, la instrucción de expedientes de reposición de la legalidad y sancionadores y la potestad en estos ámbitos, el requerimiento para la anulación de licencias que no cumplen la normativa, y el asesoramiento y asistencia a las Administraciones públicas. La Axencia de Legalidade Urbanística completa un conjunto de medidas puestas en marcha opr el Gobierno gallego para ordenar el territorio y frenar su degradación, entre las que destaca la Lei de Medidas Urxentes de Protección do Litoral, que entró en vigor el pasado 17 de mayo. El texto establece la suspensión cautelar y transitoria de la construcción en los 500 metros de la línea de la costa.