El concejal de Urbanismo de Mugardos sospecha que existe una ?persecución política? contra el BNG

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Mugardos, el nacionalista Xosé Antón Bouza, defendió la legalidad de todas sus actuaciones ante las informaciones que lo relacionan con la supuesta trama de corrupción urbanística que investiga la Guardia Civil en la localidad. Las indagaciones se iniciaron el pasado mes de mayo pero no saltaron a la luz pública hasta la semana pasada tras la detención de cuatro personas que presuntamente aprovechaban su vinculación con el concello mugardés para favorecer una serie promociones inmobiliarias privadas. A raíz de la operación fueron arrestados la aparejadora municipal, Carmen Piñeiro; un policía local, Ovidio Torrente; y los dos arquitectos que gestionan el estudio Xcale en la localidad de Fene, los hermanos Julia y Pedro Cortizas. Todos ellos están acusados de un presunto delito de tráfico de influencias y de negociaciones no permitidas a funcionarios. Además también han sido imputados el alcalde de Mugardos, Xosé Fernández Barcia; la arquitecta Elia Estraviz, que realizaba proyectos urbanísticos en el concello; y dos concejales de la actual corporación, uno de los cuales podría ser Xosé Antón Bouza. Aunque el edil de Urbanismo de la localidad todavía no tiene constancia de que vaya a ser citado a declarar como imputado en este caso, se mostró dispuesto a colaborar ?en lo que haga falta para que las cosas se aclaren cuanto antes por el bien de todos?. ?Estoy tranquilísimo y tengo la conciencia tranquila?, manifestó. Sin embargo también reconoció que ?todo esto salpica y, salga como salga, a los inocentes nos va a quedar una marca que no nos merecemos?. ?Acabo de aterrizar en el cargo hace cinco meses y me encuentro con una movida en la que no sé porqué tengo que estar metido?, lamentó. Bouza, en todo caso, reconoció haber mantenido varias conversaciones telefónicas sobre diferentes proyectos urbanísticos con Pedro Cortizas, uno de los arquitectos detenidos la semana pasada. En esas charlas, según el concejal de urbanismo, no se habló de ?ningún trato de favor?. ?He tenido conversaciones con Pedro y con muchas otras personas que me preguntan por el estado de sus expedientes?, explicó Bouza, ?porque para eso estoy, para dar información y colaborar siempre dentro de la legalidad?. En este contexto, el concejal de Urbanismo de Mugardos reconoce estar ?alucinado? por una supuesta trama ? que cada día me sorprende más y que pienso que esconde una persecución política al grupo al que represento?. En relación a este asunto, el juzgado también investiga una supuesta filtración por parte de un funcionario judicial, que podría haber alertado a los implicados de que iban a ser vigilados por la Guardia Civil. Esa presunta filtración se podría haber producido el pasado mes de mayo, el mismo día en el que se inició la operación Virgin. De esta forma parte de los sospechosos y ahora imputados sabrían desde el principio que estaban siendo investigados con lo que pudieron haber evitado conversaciones telefónicas comprometidas, además de haber hecho desaparecer documentación que pudiese incriminarlos.