El PP pedirá que se suspendan las competencias de contratación de Caride por la adjudicación de la Autovía do Barbanza
Dice que la Xunta sabía que la empresa no podría cumplir los plazos
El Pleno del Parlamento gallego debatirá esta semana una iniciativa impulsada por el PPdeG, en la que se exige la suspensión de las competencias de contratación de la conselleira de Política Territorial, María José Caride, y de los cuatro altos cargos imputados por la supuesta prevaricación en la adjudicación de la Autovía do Barbanza. Los populares exigen que dichas capacidades se "traspasen" a otros miembros del Ejecutivo autonómico. Así lo confirmó el portavoz del PPdeG en la Cámara, Manuel Ruiz Rivas, quien tras reunirse con su grupo parlamentario justificó esta petición "urxente" tanto "pola imputación" como por el devenir de "favores continuos" de la Xunta a Itinere una vez adjudicadas las obras, "en contra de informes técnicos" y "cun sobrecusto de 30 millóns de euros" para los gallegos. En este contexto, el portavoz popular aludió al cierre de la vía rápida do Barbanza, recordando que el pliego de condiciones establecía "especificamente" que debía permanecer abierta salvo "casos excepcionais", y al "aforro" de dinero -que cifró en 3 millones de euros- y de tiempo -cuatro mese-- que supuso para la empresa esta decisión. A pesar de estas "facilidades", aseguró que la adjudicataria no ha cumplido los plazos de ejecución de las obras "en ningún" de los tres tramos que conforman la Autovía do Barbanza -Bacariza-Padrón, Rianzo-Bacariza, y Boiro-Rianxo-, cuyas obras deberían estar finalizadas en su totalidad el 17 de noviembre de este año. De hecho, Ruiz Rivas apuntó que "a metade desa autovía" tendría que estar abierta "desde o día 2 de maio" cuando "nin sequera hai dous carriles abertos desde Boiro ata Rianxo". Y eso, advirtió, a pesar del "trato de favor" concedido por Caride a la adjudicataria "en prexuizo" de los vecinos del Barbanza y "en beneficio de non sabemos quen". Retraso consentido Tras esta reflexión, mostró su convencimiento de que los altos cargos imputados de Política Territorial y la propia conselleira eran conocedores de que la adjudicataria no podría cumplir los plazos cuando, precisamente, la oferta temporal fue uno de los factores que permitió inclinar la balanza a favor de Itinere. Por eso, Ruiz Rivas reiteró que deben ceder sus capacidades de contratación y auguró que finalmente los imputados "por graves delitos de prevaricación" serán "condenados" por la Justicia.