Parte de los bienes embargados a la familia Charlín regresarán a sus manos después de pagar 800.000 euros en una subasta pública

El Juzgado de lo Social número tres de Pontevedra acogió la subasta pública de una parte de los bienes embargados en su momento a la familia Charlín y que regresarán a sus manos después de que Natalia Somoza Charlín ofreciese 800.000 euros por varios terrenos y la depuradora de mariscos SOCHAR S.L, ubicada en A Illa de Arousa. La familia Charlín deberá abonar esa cantidad en un plazo máximo de 20 días, después de que no prosperase la petición de prórroga que realizaron al juez, ya que en caso contrario los bienes que fueron subastados volverán a manos de las trabajadoras, que reclaman a la empresa regentada por Teresa Charlín el pago de salarios e indemnizaciones por valor superior a los dos millones de euros. Las trabajadoras recibieron con aplausos en resultado de la puja, y se mostraron "felices por recuperar al menos la tercera parte de lo que se les adeuda", según explicó su abogada Isabel Barbero. El primer lote subastado, que incluía la depuradora, fue valorado en 195.000 euros y Natalia Somoza Charlín mantuvo la puja sin titubeos hasta que le fue adjudicado en 500.000 euros, pero en el segundo lote, compuesto mayoritariamente por fincas que se valoraron en 103.00 euros, la representante de la familia Charlín tuvo dudas y cuando la abogada de las trabajadoras llegó a ofrecer 170.000 euros dijo al juez "pues que se lo lleven ellas". No obstante inmediatamente reaccionó su madre, Teresa Charlín, y le ordenó seguir pujando hasta llegar a los 296.000 euros de la adjudicación, tras lo cual la abogada de las trabajadoras reconoció que en ese momento pasó "miedo", porque pensó que no iban a seguir pujando. Tras reiterar que todo el dinero obtenido en la subasta irá para las trabajadoras, Isabel Barbero se mostró "confiada en que el Supremo y la Audiencia Nacional dejarán libres otros bienes de los charlines, para que puedan ser subastados y las trabajadoras recuperen el cien por cien de todo lo que se les adeuda desde el año 94". Finalmente la abogada lamentó que no hubiera más personas interesadas en los bienes que salieron a subasta, lo que atribuyó a un "defecto en la convocatoria", ya que en la actualidad el juzgado no anuncia las subastas, que anteriormente se publicaban en el BOE y la prensa, y la letrada entiende que esa "falta de publicidad" perjudica a las trabajadoras.