PSOE y BNG aprueban en solitario la reforma de la Lei do Solo que fija un 40% de reserva para vivienda protegida

El PPdeG asegura que no servirá para facilitar el acceso a un piso digno y sólo beneficiará a grandes promotores

PSdeG y BNG aprobaron en solitario la reforma parcial de la Lei do Solo para impulsar la vivienda protegida, en la que se establece una reserva general del 40 por ciento del suelo para este tipo de edificaciones en los concellos de más de 20.000 habitantes y del 30 por ciento en los de población inferior. La conselleira de Política Territorial, María José Caride, aseguró que aparte de "garantizar unha vivenda digna á maioría dos galegos" servirá para "suavizar o prezo da vivenda libre" que en los últimos diez años se incrementó en un 144 por ciento. Por eso, dijo que "non podemos mirar cara a outro lado", ya que el elevado encarecimiento demuestra "a ineficacia do liberalismo" en este ámbito. El PPdeG mantuvo su oposición a esta Lei de medidas urxentes en materia de Vivenda e Solo porque considera que "non vai a acadar o seu obxectivo, que compartimos, de que os galegos accedan a unha vivenda digna" y además incrementará los precios. Según manifestó la diputada 'popular' Pilar Rojo se trata de un "paripé" del Gobierno bipartito y una nueva modificación de la Lei 9/2002 que sólo provocará "maior confusión" por la "dispersión normativa". También manifestó que "a quen se beneficia é aos grandes promotores", al permitir que las urbanizaciones de baja densidad constructiva puedan quedar exentas de reservar suelo. Caride reafirmó que el "obxectivo fundamental" de esta ley es garantizar una vivenda libre a la mayoría de los gallegos y el PPdeG "saberá por que non está disposto a asumir ese compromiso con Galicia". Enmiendas rechazadas El grupo de la oposición mantuvo un total de 30 enmiendas al articulado de este texto, pero ninguna de ellas fue tomada en consideración en el día de hoy. Los socios del bipartito consideran que es el PP el que responde a los intereses de los promotores con sus propuestas de modificación del texto que rechazaron en su totalidad. Así, la diputada nacionalista Carme da Silva afirmó que el PPdeG "defende intereses de clase" al reproducir en sus enmiendas la postura de la Confederación de Empresarios de Galicia, y citó el caso de los concellos de Sanxenxo y Meis, gobernados por los 'populares', donde "si que se vulneran os dereitos dos cidadáns" a una vivienda. Para el diputado del PSdeG Pablo López Vidal se trata de que la oposición quiere perpetuar el sistema anterior para "priorizar sempre o negocio sobre o dereito". Por eso, señaló que "parece que as enmendas as fixo Telmo Martín", en referencia al presidente del PP en Pontevedra, y ex alcalde de Sanxenxo a la vez que promotor. Ley "pionera" Caride destacó que la Lei de medidas urxentes en materia de Vivenda e Solo es una normativa "pionera" ya que, entre otras medidas, establece la creación de una reserva de suelo de titularidad autonómica para la vivienda protegida, de 2,5 metros cuadrados por cada 100 edificables, que se destinará a fomentar los pisos en alquiler. Para la conselleira la nueva ley "supone un paso adiante" en el objetivo de garantizar el derecho de la población a una vivienda digna. Destacó la "gran relevancia" de esta legislación y agradeció a los grupos socios del Gobierno bipartito la "colaboración leal" que tuvieron para aprobar este texto, así como las aportaciones realizadas por el sector. A su juicio, con la aprobación de la Lei de medidas urxentes "estamos contribuindo a facer unha Galicia máis xusta, solidaria, cohesionada e moderna". Sin embargo, Rojo sostuvo que esta ley es "un mero intercambio de cromos" entre el PSdeG y el BNG, porque constituye "a segunda parte dun pacto anunciado" tras el apoyo de los nacionalistas a la Lei de medidas urxentes de Protección do Litoral. Criticó que la regulación se hizo "de costas aos concellos" y que pusieron los intereses de partido "por riba dos de Galicia". La diputada del PPdeG defendió que las leyes de medidas urgentes "non son o instrumento máis axeitado" para afrontar los problemas de la ciudadanía y recriminó que el bipartito dedicó "tres anos para elaborar unha lei, e un suspiro para aprobala", con lo que demuestran que consideran el Parlamento "unha mera sucursal do Goberno e non o centro da vida política".