Luz verde a la tramitación de la reforma del Impuesto de Sucesiones

El PP califica el proyecto de limitado y el BNG lo ve "mejorable"

El proyecto de Lei galega de medidas tributarias en relación ao Imposto de Sucesións e Doazóns iniciará su tramitación parlamentaria, después de que PSdeG y BNG rechazasen la enmienda a la totalidad presentada por los 'populares' para devolver al Gobierno gallego un texto legislativo que, en su opinión, es "pouco ambicioso, timorato e discriminatorio". Frente a ello, el conselleiro de Economía, José Ramón Fernández Antonio, defendió la modificación de un impuesto por la que dejarán de tributar el 90% de las herencias registradas en Galicia y aseguró, además, que el impulso de esta normativa llega "no momento oportuno", ya que facilitará el incremento de las rentas y la dinamización de la economía en un contexto de desaceleración económica. Contrario a la supresión total de un tributo que contribuye "á equidade, á xustiza e redistribución da riqueza" y que se convierte en un instrumento de control "na loita contra o fraude", el titular de Economía subrayó que la reforma impulsada por su departamento "moderniza" el impuesto, favoreciendo a las rentas bajas y la competitividad económica de las empresas gallegas, que juegan "un papel clave" en la economía de la comunidad. Fernández Antonio justificó la necesidad de reformar este impuesto en base a los cambios operados en la sociedad desde su promulgación, en el año 1987, y a las modificaciones realizadas en otros tributos como el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF), lo que, en su opinión, provoca el "desfase" del tributo. En este sentido y frente a las críticas 'populares', insistió en que los cambios impulsados por el Ejecutivo autonómico son "suficientes" y convierten al Impuesto de Sucesiones y Donaciones en un tributo "máis xusto, eficaz e equitativo" que se adapta a los cambios registrados en el entorno y deja a Galicia "nunha situación máis xusta, progresiva e competitiva". Así, el conselleiro explicó que la nueva normativa deja fuera de tributación a los patrimonios familiares de hasta 675.000 euros. También quedará excluida del gravamen la transmisión de la vivienda habitual, con un límite de 600.000 euros, al cónyuge, y exenta en la práctica cuando se traspase a hijos o a herederos menores de 25 años, porque se reduce en un 99%. A mayores, el proyecto de ley establece que el 99% de las pequeñas y medianas empresas, las familiares, y las explotaciones agrícolas dejarán de tributar y amplía el límite de donaciones para la compra de vivienda a 60.000 euros, lo que también será aplicable para donaciones posteriores a la compra destinadas al pago de préstamos pendientes. Los cambios propuestos por la Xunta, que aún deberán pasar por la tramitación y aprobación parlamentaria para ser efectivos, incluyen una reducción general de la tarifa del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. El tipo máximo pasa del 34% al 18%, con lo que se equipara al del IRPF, y el mínimo de un 7,65% al 5%. Además, se simplifican los tramos pasando de 16 a 6, una medida que, sumada a la supresión de los coeficientes de patrimonio preexistente, reduce el tipo efectivo máximo de 40,8 al 18%. "Pouco novedosa" y "electoral" Lejos de la visión optimista del conselleiro, el diputado 'popular' José Antonio Orza subrayó las limitaciones que, a juicio del PP, contempla la propuesta del Gobierno autonómico. Al respecto, indicó que la reforma de la Xunta no incluye iniciativas "novedosas" y no soluciona "os problemas" que sufre la empresa familiar gallega. "O Goberno amaga pero non da", denunció Orza y advirtió que el texto es limitado ya que "non ofrece moito máis do que estaba en vigor". Asimismo, cuestionó el hecho de el Ejecutivo autonómico haya tardado tres años en impulsar la reforma de este tributo, una actitud que atribuyó a intereses electoralistas. "Elixiron un momento electoral", sentenció el diputado 'popular' y lamentó que haya coincidido con una época de "vacas flacas" en el ámbito económico gallego y estatal. No obstante, insistió en que el impacto sobre las arcas públicas no será "tan elevado como se pensa" ya que los cambios no son "tan profundos" como pretende "vender" el Ejecutivo autonómico. Por otra parte, Orza destacó que la equidad "se resinte" en el texto del Gobierno en el que se trata "de forma desigual" a los hijos en función de su edad -favorece a los menores de 25 años- y al "non acreditar" el núcleo familiar básico conformado por cónyuges e hijos, equiparando en tratamiento "a fillos e a netos", que "evidentemente están nunha situación desigual". "Chega no momento oportuno", reiteró Fernández Antonio y replicó a las críticas de Orza, advirtiendo que el PP tuvo "moitos anos" para llevar a cabo la reforma que ahora impulsa el actual Ejecutivo autonómico. En cuanto a la supuesto carácter "discriminatorio" del texto, indicó que los hijos menores de 25 años viven en el núcleo familiar y consideró "un tema de xustiza" que reciban "un tratamento favorable". En la línea, se mostró contrario a excluir del núcleo familiar a los abuelo y defendió la aplicación de las ventajas fiscales "á relación neto-avó". Postura coincidente Encargado de defender la enmienda a la totalidad presentada por el PPdeG, Orza insistió en que el texto alternativo elaborado por su grupo permitiría dar "unha mellor resposta técnica" a la modificación de este tributo y cumplir con el objetivo de "mellorar" el tratamiento fiscal de las familias, de las empresas familiares y de las donaciones efectuadas de padres a hijos. Sin embargo, PSOE y BNG rechazaron este texto alternativo al entender que camina hacia una supresión total del Impuesto de Sucesiones a la que se oponen y manifestaron una postura coincidente, en mayor o menor grado, con el proyecto de ley remitido desde la Xunta. En este sentido, el socialista Xaquín Fernández Leiceaga puntualizó que "non parece razoable" eximir del pago de este tributo al conjunto de patrimonios ya que su aplicación tiene un carácter "redistribuidor" de la riqueza y permite "mellorar" las vías de ascenso social. Eso sí, valoró la modificación impulsada por el Gobierno gallego que, en su opinión, "garantiza" la competencia de Galicia en el ámbito estatal y europeo. Escalas de reducción Por su parte, el diputado del BNG Carlos Aymerich reconoció coincidir "nos trazos xerais" de la normativa que hoy entra en la Cámara, aunque manifestó su deseo de "mellorala" en su etapa de tramitación parlamentaria. En concreto, Aymerich subrayó que "hai marxe" para estudiar la limitación en la escalas de reducción del Impuesto de Sucesiones, respondiendo al voto particular de CIG, UGT y de la Universidade da Coruña, tras el informe del Consello Económico e Social (CES), que evaluó "positivamente" la nueva regulación, si bien consideró que estas escalas deberían ser "graduais" y que el límite de 25 años debería ampliarse porque está "alonxado da realidade".