Garzón envía a prisión a 13 detenidos por pertenecer a la mafia rusa, incluidos los jefes Petrov y Malyshev

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha decretado orden de prisión provisional incondicional para 13 de los detenidos la semana pasada en la mayor operación contra la organización criminal de origen ruso más importante del mundo. En el auto también decreta la libertad provisional para dos de los detenidos bajo el pago de fianzas. Los detenidos -la mayoría de los cuales son de nacionalidad rusa- están acusados de los delitos de asociación ilícita, blanqueo, falsificación en documento mercantil, falsedad en documento público, delito fiscal contra la Hacienda Pública y simulación de contrato. "Respecto de todos ellos existen indicios bastantes para afirmar que están vinculados a la denominada "Comunidad Criminal" conocida como Tambovskaya- Malysevskaya (...) en la que los principales dirigentes han sido incluso compañeros de banda en su juventud, comparten responsabilidad y se reparten segmentos de poder", aseguró Garzón en el auto. "Emplean sus contactos para pedir u otorgar favores en el ámbito político, económico, financiero y judicial, con el objeto de seguir incrementado su riqueza, borrar su pasado criminal, vivir sin problemas en España o proporcionar 'auxilio fraternal' a sus iguales en su llegada a nuestro país o a los miembros de tal 'Comunidad'", agregó. Una complicada red Según el magistrado, los datos reunidos muestran el entramado societario y de la inversión inmobiliaria realizada principalmente por Guennadios Petrov, considerado el jefe de la "comunidad criminal" desde 1998, basado fundamentalmente en la introducción de dinero proveniente de las presuntas actividades ilícitas de la organización rusa desde paraísos fiscales. La mayoría de los responsables son originarios de San Petersburgo y de Moscú, y cuentan con antecedentes penales y policiales en la Federación Rusa así como en otros países de la Unión Europea, Suiza y Estados Unidos. El auto explica que a partir de 1996 se trasladaron a España, principalmente a la Costa del Sol (Málaga), Levante y las Islas Baleares, y llevaron a cabo "operaciones presuntamente delictivas que revertieron en pingües beneficios tanto mobiliarios como inmobiliarios en nuestro país". Para ello contaron además con la colaboración de letrados, convertidos en "una especie de asesores permanentes". Las actividades que habrían realizado son, entre otras: asesinatos, tráfico de armas, extorsión (coacciones), estafa, falsedades documentales, tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas, contrabando, tráfico de drogas, palizas por encargo (lesiones) y amenazas condicionales. En la "operación Troika" se realizaron una treintena de registros en las provincias de Palma de Mallorca, Málaga, Granada, Valencia, Alicante y Madrid y se detuvo a un total de 20 personas. Respecto a las otras cinco, cuatro quedaron en libertad el fin de semana y la última ingresó en prisión.