La juez dicta las dos primeras órdenes de prisión por la trama de corrupción de Estepona
El PP asegura que la Junta andaluza era consciente de las irregularidades
La juez que instruye la operación contra la corrupción urbanística en la localidad malagueña de Estepona ordenó el jueves las primeras penas de prisión incondicional sin fianza para dos de los detenidos, informaron fuentes judiciales. Se trata de José Ignacio Crespo, concejal del PES (Partido de Estepona), heredero del antiguo GIL, que está acusado de cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales y de Javier Witmeur, técnico de la delegación de urbanismo, acusado de falsedad en documento, fraude y malversación de fondos públicos. Otros 10 de los 26 detenidos que han comparecido hasta ahora ante la juez están en libertad provisional bajo fianza, y otros tres no tuvieron que pagarla, aunque todos ellos están con cargos, según las fuentes judiciales. La juez Isabel Conejo ha seguido tomando declaración a los detenidos, entre los que se encuentra el alcalde de la localidad, el socialista Antonio Barrientos, que se prevé que preste declaración el viernes. El jueves comparecieron también dos empresarios, los hermanos Vicente y Félix Delgado, que poseen una empresa de construcción, Codelsa, y para los que la juez ha decretado libertad provisional bajo fianza de 100.000 euros cada uno. Ambos están acusados de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. Mientras, el empresario José Antonio Bazán, dueño de un vivero con vínculos con empresas de urbanismo, quedará en libertad si paga una fianza de 300.000 euros. Está acusado de los presuntos delitos de fraude y malversación de caudales públicos. Por último, el técnico municipal de urbanismo Ignacio de la Hoz, acusado de presunto fraude y malversación, tendrá que pagar una fianza de 50.000 euros. La trama de corrupción urbanística arranca en la anterior legislatura, a partir de noviembre de 2006 y tiene ramificaciones en Madrid, Córdoba, Bilbao y San Sebastián. En la operación se han realizado 38 registros domiciliarios y societarios y se ha ordenado el bloqueo de numerosas cuentas corrientes y activos financieros. FINANCIACIÓN IRREGULAR El diario El País publicaba el jueves que el alcalde de la localidad financió con comisiones ilegales tanto su formación como el Partido de Estepona (el antiguo GIL) con el que gobernaba en coalición en la pasada legislatura. Sin embargo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que también es secretario general del PSOE - partido que ha expulsado a Barrientos -, dijo no conocer esta situación. "Como presidente del Gobierno no conozco la instrucción judicial ni policial, pero todas las responsabilidades que se puedan derivar se van a depurar", declaró. "No cabe, menos aún en las filas de un socialista, ningún comportamiento irregular, es incompatible con lo que representa nuestro proyecto de lo público", manifestó. Antonio Barrientos está al frente del Ayuntamiento de Estepona desde 2003, cuando formó gobierno con los apoyos del ex GIL (ahora conocido como PES). En las últimas elecciones municipales, en mayo de 2007, el PSOE mejoró sus resultados y subió de seis a 11 su número de ediles, frente a los cinco del PES y del PP. El Gobierno municipal está integrado por los 11 concejales del PSOE, los dos del PA, el de IU y el de Estepona 2007 - una ex alcaldesa del PP. La Costa del Sol ha sido escenario de varias operaciones contra la corrupción, como las que se desarrollaron en Marbella o la "operación Ballena Blanca" sobre el blanqueo de dinero.